El régimen islámico de Irán ha optado por repartir dinero en efectivo a la población en un intento desesperado de contener las mayores protestas internas de los últimos años, provocadas por una grave crisis económica y por el creciente rechazo social al poder teocrático.
Las autoridades anunciaron el domingo 4 de enero un programa nacional de «alivio económico» que prevé la distribución de 10 millones de riales mensuales —alrededor de 5 euros por persona— durante un periodo de cuatro meses. La medida alcanzaría a cerca de 80 millones de ciudadanos, prácticamente la totalidad de la población, y constituye uno de los mayores planes de reparto directo de dinero en la historia de la República Islámica.
El anuncio fue realizado por el presidente Masoud Pezeshkian durante una reunión con ministros y gobernadores provinciales. Pezeshkian prometió que el Estado compensará cualquier subida de precios para evitar una mayor pérdida de poder adquisitivo y adoptó un tono inusualmente conciliador, admitiendo que «la sociedad no puede ser calmada mediante la coerción».
El giro retórico llega después de una intervención poco habitual del líder supremo, Ali Khamenei, quien reconoció públicamente que las protestas tienen un origen económico legítimo, aunque advirtió de que los manifestantes «violentos» deben ser reprimidos. La combinación de concesiones económicas y mensajes de diálogo revela que el régimen percibe el actual estallido social como una amenaza real a su estabilidad.
Las protestas comenzaron entre el 28 y 29 de diciembre, inicialmente motivadas por el deterioro de las condiciones de vida, pero rápidamente adquirieron un carácter abiertamente político. Según informaciones difundidas por periodistas ciudadanos, las movilizaciones se han extendido ya a 23 de las 31 provincias del país, con concentraciones masivas en ciudades como Sonqor y Kolyai, en la provincia de Kermanshah, así como en el propio Teherán.
Desde el inicio de las revueltas, al menos 12 personas han muerto, entre ellas miembros de las fuerzas de seguridad. En varios puntos del país se han escuchado consignas como «muerte al dictador», incluso en las inmediaciones del complejo donde se ubica la oficina de Khamenei en la capital, un hecho especialmente simbólico en un sistema que se apoya en el control absoluto del espacio público.
