Irak ha lanzado una advertencia contundente a Estados Unidos y a los países occidentales: no aceptará la llegada masiva de yihadistas del Estado Islámico detenidos en Siria y, si se le fuerza a hacerlo, aplicará la pena de muerte. Bagdad reconoce que ya ha recibido alrededor de 500 presos, pero asegura que no tiene capacidad para asumir más y que su sistema penitenciario y judicial está al borde del colapso.
Según fuentes diplomáticas citadas por Reuters, la amenaza iraquí ha surtido efecto inmediato: Washington ha paralizado los traslados desde el norte de Siria y ha vuelto a presionar a decenas de países para que repatríen a sus propios yihadistas y los juzguen en casa. Hasta ahora, la mayoría mira hacia otro lado.
Los combatientes de Estado Islámico proceden de más de 70 nacionalidades, muchas de ellas europeas. Tras la derrota territorial del califato en 2017, llevan casi una década hacinados en cárceles y campamentos controlados por fuerzas kurdas en Siria. Estados Unidos, que ha sostenido ese sistema de detención, busca ahora instalaciones «más seguras» ante el riesgo creciente de fugas.
Irak ha confirmado, según Agence France-Presse, que 1.387 presuntos yihadistas ya están siendo investigados por sus tribunales. En el país, la pena capital está vigente y los juicios se celebran por la vía rápida, una práctica legal en su ordenamiento. Las autoridades judiciales advierten de falta de espacio, saturación y sentencias expeditivas ante la magnitud del problema.
La crisis se ha agudizado tras los cambios de poder en Siria. El nuevo Gobierno en Damasco, encabezado por Ahmed al Sharaa, ha lanzado una ofensiva contra las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), debilitando a quienes custodiaban las prisiones de Daesh. En ese contexto, ya se han producido fugas, y el temor es que, si se reduce la presencia estadounidense, las evasiones sean masivas.
Los campos como Al Hol albergan yihadistas sirios e iraquíes, pero también franceses, rusos, centroasiáticos y europeos. España, por ejemplo, repatrió hace años a dos viudas de combatientes junto a sus hijos, una excepción en un panorama dominado por la inacción.
Para Washington, las opciones son malas: trasladarlos a Irak (con la perspectiva de ejecuciones) o forzar a los países de origen a asumir su responsabilidad, algo que choca con dificultades probatorias, costes políticos y resistencias internas. Mientras tanto, el reloj corre y el riesgo de una reactivación yihadista crece en una región inestable.
