La asamblea regional de Niigata aprobó el lunes 22 de diciembre el plan para reiniciar la central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa, la más grande del mundo por capacidad instalada. La decisión acerca de forma decisiva la vuelta a la actividad de una instalación paralizada desde 2011, tras el terremoto y el tsunami que desembocaron en el accidente de Fukushima.

El respaldo parlamentario llega después de que el gobernador de Niigata, Hideyo Hanazumi, expresara el mes pasado su apoyo explícito a la reanudación. Con este aval político, la operadora de la planta, Tokyo Electric Power (TEPCO), prevé presentar antes de que finalice el año la solicitud formal ante la Autoridad de Regulación Nuclear de Japón.

Si el regulador concede la autorización definitiva, uno de los siete reactores podría volver a operar en torno al 20 de enero. Sería el primer paso para recuperar progresivamente una infraestructura clave del sistema eléctrico japonés, desconectada por completo desde el desastre de Fukushima y sometida desde entonces a exigentes revisiones de seguridad.

La reactivación de Kashiwazaki-Kariwa se inscribe en un giro estratégico de Japón en materia energética. El país busca reducir su elevada dependencia de los combustibles fósiles importados, que hoy aportan cerca del 70% de la generación eléctrica, al tiempo que responde al aumento sostenido de la demanda y a los compromisos oficiales de neutralidad climática para 2050.

Antes de 2011, la energía nuclear suministraba aproximadamente un tercio de la electricidad japonesa. Desde entonces, el cierre prolongado de reactores obligó a Tokio a recurrir masivamente al gas y al carbón, con un fuerte impacto en los costes energéticos y en la balanza comercial.

Para el sector industrial y parte del Gobierno, el regreso de grandes centrales como Kashiwazaki-Kariwa representa una pieza clave para garantizar el suministro, contener los precios y reducir la exposición exterior en un escenario geopolítico cada vez más incierto.

La decisión de Niigata marca así un punto de inflexión. Catorce años después de Fukushima, Japón comienza a dejar atrás el bloqueo nuclear y apuesta por una fuente de energía que considera estratégica para su seguridad económica y energética.