Japón ha decidido aplicar la ley sin complejos. Bajo el liderazgo de la primera ministra Sanae Takaichi, el Ejecutivo ha reactivado el artículo 66 de la Ley de Control de la Inmigración para premiar con hasta 50.000 yenes (unos 300 euros) a los ciudadanos que denuncien a inmigrantes ilegales cuando la información derive en una orden formal de deportación, según informa El Español.
La consigna del nuevo Gobierno es clara: «Cero residentes ilegales». Lo que durante años fue tolerancia administrativa y zonas grises burocráticas, hoy es aplicación estricta de la legalidad. Tokio ya no mira hacia otro lado ante quienes han sobrepasado su visado o permanecen en el país sin autorización.
El sistema no funciona como una caza indiscriminada, sino bajo filtros legales estrictos. Las denuncias falsas pueden acarrear sanciones penales, el denunciante debe identificarse formalmente y los funcionarios públicos no pueden beneficiarse económicamente. El objetivo declarado del gabinete es reforzar el cumplimiento de la ley y recuperar el control migratorio interno.
Desde el Gobierno defienden que no se trata de ideología, sino de legalidad. Japón, como cualquier Estado soberano, establece normas de entrada y permanencia, y quien las incumple debe asumir las consecuencias. La hospitalidad —insisten— sólo puede sostenerse si existe respeto a las reglas.
La medida forma parte de un paquete más amplio impulsado por Takaichi para reforzar la seguridad, agilizar deportaciones y eliminar los vacíos administrativos que durante décadas permitieron situaciones de sobreestancia prolongadas. La Agencia de Servicios de Inmigración ha reforzado recursos y coordinación para ejecutar las órdenes de expulsión de forma más eficaz.
