«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
Han pedido que los deportados que lleguen sean ciudadanos de países africanos

La Administración Trump llega a un acuerdo con Uganda para efectuar la deportación de inmigrantes ilegales que no tengan antecedentes penales

Donald Trump y Yoweri Museveni. Redes sociales

Uganda ha llegado a un acuerdo con Estados Unidos para acoger a inmigrantes ilegales deportados con la condición de que no tengan antecedentes penales ni sean menores no acompañados (menas). Así lo confirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores ugandés en un comunicado en el que precisó que ambas partes siguen trabajando en los detalles técnicos del pacto y en las condiciones de su aplicación. El documento no aclara si el acuerdo ha sido formalmente firmado, pero sostiene que ya está «concluido».

El gobierno de Kampala ha marcado varias líneas rojas: insiste en que los deportados que lleguen sean preferiblemente ciudadanos de países africanos y no individuos rechazados por sus propios Estados. «Estamos hablando de cárteles, de personas que no son aceptadas en sus lugares de origen. ¿Cómo podríamos integrarlas en nuestras comunidades locales?», cuestionó el ministro de Relaciones Internacionales, Henry Okello Oryem, en declaraciones a la agencia AP.

Oryem recordó que Uganda es reconocida mundialmente por su política de puertas abiertas hacia los refugiados, pero advirtió que existen límites. Según explicó, las negociaciones con Washington abarcan asuntos como visados, tarifas, sanciones y garantías jurídicas, dejando claro que su país no admitirá a inmigrantes ilegales con antecedentes provenientes de Estados Unidos porque sería «injusto» para los ugandeses.

El acuerdo se produce en un contexto de creciente presión migratoria en el continente africano. El pasado mes de julio, Estados Unidos deportó a cinco hombres con antecedentes penales al reino de Eswatini y trasladó a otros ocho a Sudán del Sur, una práctica que ahora podría extenderse a Uganda bajo las condiciones ya establecidas.

En definitiva, Kampala mantiene su voluntad de cooperación internacional, pero advierte que no aceptará convertirse en destino de delincuentes ni de colectivos que no puedan integrarse en su tejido social y económico.

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