El caso de Farhad se ha convertido en un ejemplo de las denuncias de coerción y presiones a familiares de personas fallecidas durante las protestas contra la dictadura de los ayatolás en Irán. Según testimonios recopilados por medios internacionales y organizaciones de derechos humanos, su cuerpo permaneció durante semanas en una morgue estatal, mientras las autoridades exigían a su familia la firma de un documento que lo identificara como miembro de las fuerzas de seguridad.
Según publica The Telegraph, las fuerzas de seguridad iraníes habrían disparado contra Farhad durante enfrentamientos con manifestantes en las calles de Teherán. Dos semanas después de su muerte, sus padres informaron que no podían acceder a sus restos, en lo que describen como una práctica de retención condicionada a la aceptación de la versión oficial de los hechos. Funcionarios del gobierno sostienen que algunos fallecidos pertenecían a estructuras vinculadas al Estado.
Organizaciones como Iran Human Rights, señalan que han documentado múltiples casos similares en distintas ciudades del país. Su director, Mahmood Amiry-Moghaddam, afirmó que estas prácticas buscan «confundir el número de miembros de las fuerzas de seguridad muertos y reducir el número de manifestantes fallecidos», además de limitar la presión internacional sobre el régimen.
A varias familias se les habría exigido el pago de sumas que superarían los 15.000 euros para poder recuperar los cuerpos de sus seres queridos. En algunos casos, estas cantidades varían según la evaluación económica que las autoridades realizan de cada familia. Quienes se niegan a firmar los documentos o a pagar los montos solicitados denuncian que los restos permanecen bajo custodia estatal de manera indefinida.
El cementerio de Behesht-e Zahra, en Teherán, ha sido descrito como un punto central de este proceso. Familias que buscan a desaparecidos relatan que son enviadas a grandes salas utilizadas como morgues improvisadas y, en algunos casos, a camiones refrigerados habilitados ante la falta de espacio en las instalaciones formales.
Las cifras sobre víctimas varían. Unas 2.500 personas habrían muerto en el contexto de la represión de las protestas en todo el país, mientras que las autoridades iraníes no han confirmado un balance oficial consolidado. En respuesta a estos acontecimientos, el gobierno del Reino Unido declaró que ha impuesto sanciones a más de 550 personas y entidades iraníes, además de al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en su conjunto, como parte de sus medidas contra la violencia ejercida contra los manifestantes.
