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La Iglesia venezolana tilda de ‘ilegítimo’ el nuevo mandato de Maduro

La Iglesia católica venezolana denuncia que el país vive «un régimen de facto, sin respeto a las garantías previstas en la Constitución y en los más altos principios de dignidad del pueblo».

La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) fijó este miércoles su posición frente al nuevo mandato de seis años que jurará este jueves el jefe del Estado, Nicolás Maduro, y consideró que esta pretensión es «ilegítima por su origen».

«La pretensión de iniciar un nuevo período presidencial el 10 de enero de 2019 es ilegítima por su origen y abre una puerta al desconocimiento del Gobierno porque carece de sustento democrático en la justicia y en el derecho», afirma la exhortación de los obispos.

La Iglesia católica venezolana denuncia que el país vive «un régimen de facto, sin respeto a las garantías previstas en la Constitución y en los más altos principios de dignidad del pueblo«.

El texto recalca que la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de contundente mayoría opositora, «es el único órgano del poder público con legitimidad para ejercer soberanamente sus competencias».

Tras la lectura del documento, monseñor Baltazar Porras declaró a los periodistas que no corresponde a la iglesia «reconocer o no reconocer», pero que sí está claro que no se dan las condiciones para decir que en Venezuela existe «un régimen democrático».

Indicó que tampoco les compete apoyar o no las protestas antigubernamentales que se puedan llevar a cabo en el país y exigió respeto a la ciudadanía «y que no sea con la violencia, la represión y con la cárcel como se les impida expresar sus necesidades y pedimentos».

En los últimos días, la Iglesia venezolana ya había alertado de que «todas las dudas» rodean la toma de posesión de Maduro y había apuntado que su nuevo mandato «se ha hecho ilegítimo y moralmente inaceptable», tras haber causado «un deterioro humano y social en la población».

La Iglesia católica venezolana ha mantenido tensas relaciones con el Gobierno chavista casi desde sus inicios, en 1999, y ha sido considerada por la Administración de Maduro un agente político que apuesta por la desestabilización de Venezuela.

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