La nueva primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, ha dado luz verde a la supresión de un impuesto sobre los combustibles que llevaba más de medio siglo en vigor, una decisión con la que el Ejecutivo pretende aliviar el impacto de la inflación sobre las economías domésticas y dinamizar el consumo interno.
La medida afecta a un gravamen aplicado a la gasolina desde 1974 y a otra tasa similar sobre el diésel, ambos creados originalmente como instrumentos temporales y que, como ha ocurrido en muchos otros países, acabaron consolidándose de forma permanente. A partir del 1 de abril de 2026, estos recargos dejarán de aplicarse, poniendo fin a uno de los ejemplos más longevos de fiscalidad «provisional» convertida en estructural.
La eliminación del impuesto fue aprobada por unanimidad a finales de noviembre en la Cámara Baja de la Dieta Nacional, lo que refleja un amplio consenso político en torno a la necesidad de actuar frente al encarecimiento del coste de la vida. En términos concretos, el gravamen suprimido ascendía a 25,1 yenes por litro, unos 16 centavos de dólar al cambio actual.
El contexto económico ha sido clave para acelerar esta decisión. Aunque la inflación japonesa se moderó tras alcanzar el 4% a comienzos de año, desde el pasado otoño los precios han vuelto a mostrar una tendencia al alza, con incrementos cercanos al 3%. Este repunte ha reactivado el debate sobre la presión fiscal en productos básicos como los carburantes.
Según estimaciones, la supresión de estos impuestos supondrá una merma de ingresos para las arcas públicas de más de 3.800 millones de dólares anuales. Aun así, el Gobierno considera asumible el coste presupuestario frente al beneficio social de abaratar el transporte y contener los efectos indirectos de la inflación.
La iniciativa no es nueva en el debate político japonés. Durante años, la oposición había reclamado la retirada de este impuesto por considerarlo obsoleto y perjudicial para las familias. Ahora, el Ejecutivo de Takaichi lo ha incorporado como uno de los pilares de su paquete de estímulos económicos, con el que busca reforzar el poder adquisitivo y enviar una señal de cambio tras décadas de políticas fiscales inamovibles.
Para evitar tensiones bruscas en el mercado energético, el Gobierno ha optado por complementar la supresión del gravamen con un refuerzo temporal de los subsidios a las refinerías. El objetivo es amortiguar posibles fluctuaciones de precios y garantizar una transición ordenada una vez desaparezca definitivamente el impuesto.
El caso japonés vuelve a poner sobre la mesa una realidad recurrente en la política fiscal: los impuestos creados como soluciones excepcionales tienden a perpetuarse en el tiempo, y solo circunstancias económicas adversas, como la actual presión inflacionaria, logran finalmente revertir decisiones tomadas décadas atrás.
