La ONU ha denunciado este domingo que el 86 % de las mujeres afganas carecen actualmente de acceso a mecanismos efectivos de justicia, una situación que las deja casi cuatro veces más desprotegidas que los hombres ante abusos o conflictos legales.
El dato forma parte de un informe divulgado con motivo del Día Internacional de la Mujer, elaborado a partir de consultas nacionales realizadas en diciembre de 2025 en cooperación con ONU Mujeres y la Organización Internacional para las Migraciones. Según el documento, solo el 14 % de las mujeres consultadas afirmó tener acceso a servicios formales de resolución de disputas, frente al 53 % de los hombres que viven bajo el yugo de la dictadura de los talibán.
El estudio también indica que más de la mitad de las mujeres participantes considera que su acceso a la justicia formal se ha deteriorado. Entre los factores señalados se encuentra la suspensión de instituciones estatales clave vinculadas a la protección de los derechos de las mujeres.
En particular, el informe menciona la desaparición del Ministerio de Asuntos de la Mujer y la paralización de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán, organismos que previamente (hasta la asunción de los talibánes al poder), ofrecían canales institucionales para denunciar abusos o buscar asesoramiento legal.
A ello se suma la exclusión progresiva de mujeres profesionales del sistema jurídico, incluidos jueces, fiscales y abogadas, lo que ha reducido significativamente la capacidad de las afganas para encontrar representación o apoyo dentro del sistema judicial.
El informe también advierte de que el Decreto No. 12 ha agravado la incertidumbre jurídica, al permitir a los jueces imponer sanciones con un amplio margen de discrecionalidad. Según la UNAMA, esta medida debilita las garantías procesales y afecta de forma desproporcionada a las mujeres.
Además, el documento señala que las afganas continúan excluidas de los mecanismos tradicionales de resolución de disputas, como las jirgas y shuras, consejos locales de ancianos que desempeñan un papel relevante en la mediación de conflictos comunitarios.
La representante especial de ONU Mujeres, Susan Ferguson, subrayó que el acceso a la justicia constituye «un derecho fundamental y un elemento esencial para la seguridad y dignidad de las mujeres«.
Ferguson añadió que la exclusión de las mujeres de los tribunales limita su autonomía y reduce las posibilidades de denunciar violencia doméstica u otros abusos, especialmente en contextos donde el hogar puede ser el principal escenario de vulneración de derechos.
