Nigeria exhibe estos días una dualidad trágica que resume el colapso de la seguridad y la fragilidad institucional del país más poblado de África. Mientras una parte de la comunidad cristiana celebra con alivio la liberación de 86 fieles secuestrados en el estado de Kaduna, el resto del país se desangra por una nueva oleada de ataques terroristas que ha dejado cientos de muertos en apenas unos días.
La puesta en libertad de los 86 miembros de la Iglesia de los Serafines y Querubines, confirmada por la Agencia Fides, pone fin a un cautiverio iniciado el pasado 18 de enero. Aquel día, un comando armado irrumpió en dos templos de la comunidad de Kurmin Wali durante un servicio religioso, sembrando el pánico entre los asistentes. De los 175 fieles presentes, 89 lograron escapar en las primeras horas, mientras que el resto permaneció secuestrado durante semanas en manos de grupos armados.
Según fuentes de seguridad, la liberación se produjo tras una operación conjunta de las fuerzas nigerianas, en una de las pocas noticias positivas que ha vivido Nigeria en medio de una espiral de violencia descontrolada. Sin embargo, el alivio ha sido breve. La brutalidad del terrorismo ha vuelto a golpear con fuerza en la aldea de Woro, en el estado de Kwara, donde la cifra de muertos asciende ya a 175 personas, según balances locales.
A esta masacre se suman al menos otras 47 víctimas mortales en los estados de Katsina, Kwara y Benue, tras ataques indiscriminados contra mercados y zonas residenciales. Las milicias armadas no solo asesinan: saquean ganado, incendian viviendas y arrasan comercios, dejando tras de sí pueblos fantasma y miles de desplazados. Las imágenes de escombros calcinados y casas destruidas reflejan la dimensión del desastre humanitario.
Ante el recrudecimiento de la violencia, el presidente Bola Ahmed Tinubu ha ordenado el despliegue de un batallón del Ejército en las zonas afectadas. El Gobierno ha señalado directamente a «células terroristas» y el propio Tinubu ha vinculado estos crímenes a Boko Haram, el grupo yihadista que desde hace más de una década mantiene en jaque al país. Según el mandatario, los ataques responden al rechazo de las comunidades locales a la ideología extremista.
La respuesta oficial, sin embargo, no ha silenciado las críticas. Monseñor Matthew Hassan Kukah, obispo de Sokoto, denunció en Yola la normalización de la muerte en Nigeria con palabras demoledoras: «No hay otro país donde 10 personas sean asesinadas los lunes, 50 los martes, 100 los miércoles, y esto continúe cada semana. ¿Cómo puede un país continuar así?».
Kukah alertó además del peligro de reducir la violencia a una lectura exclusivamente religiosa. «Tales narrativas aumentan la desconfianza y profundizan las divisiones entre las comunidades», advirtió, subrayando que el país corre el riesgo de perder «su rumbo moral e institucional» si sus líderes no actúan con decisión.
