La narcoguerrilla atacó a la población del pueblo de Nariño hace ya siete meses, pero la investigación no avanza y los responsables no han sido arrestados.
A comienzos del mes de febrero, un grupo de guerrilleros de las FARC irrumpieron en la zona de Barbacoas, concretamente en el pueblo de Nariño, donde acuchillaron a once indígenas awás, entre ellos dos mujeres que estaban embarazadas.
Muchos de los desplazados por la narcoguerrilla, una organización criminal amparada por las autoridades colombianas tras la aprobación del ‘Tratado de Paz’, se encuentran en campos de auxilio donde conviven con diversas organizaciones de ayuda que trabajan para su realojamiento.
Uno de esos voluntarios es Jaun Edgardo Pai, coordinador de organización y territorio de la Unidad del Pueblo Awá, que recuerda que los crímenes tuvieron lugar porque «los indígenas se negaron a mostrarles a las FARC los caminos y los alimentos». «Les dieron una muerte muy fea. A todos les cortaron los dedos y los degollaron», sentencia.
Al preguntarle por el destino de las mujeres embarazas, Pai tuerce el gesto y explica: «Omaira Arias, de 20 años, y Blanca Patricia Guango, de 19. Las dos estaban embarazadas. Omaira tenía 3 meses y Blanca Patricia, 7. Antes de ser degolladas, les abrieron la barriga, les sacaron a sus hijos vivos y se los botaron a los perros».
Incumplimiento del ‘tratado’
Por otra parte, el embajador de EE.UU. en Colombia, Kevin Whitaker, afirmó que la guerrilla de las FARC no ha cumplido con las obligaciones establecidas en el ‘acuerdo de paz’ que firmó en noviembre del año pasado con el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos.
«¿Qué dice el acuerdo? Dice que las FARC necesitan dar la información acerca del narcotráfico para que haya investigaciones y darle paso a todo eso que es el seguimiento judicial, cosa que no ha ocurrido», advirtió el diplomático en una entrevista difundida por el diario bogotano El Tiempo.
A juicio de Whitaker, el principal problema político de las FARC es que «no hay confianza del pueblo en ellas».
«Y eso de no cumplir con las normas, particularmente del narcotráfico, simplemente subraya la impresión de que las FARC realmente no quieren involucrarse en la institucionalidad democrática de Colombia», advirtió.
En concreto, apuntó que la guerrilla se ha comprometido «a cooperar con el Gobierno colombiano, cosa que no está ocurriendo».
«Y les ofrezco acá, en la medida en que esté conforme el Gobierno de Colombia, que estamos listos para hablar con las FARC acerca de la información que tienen sobre criminalidad, para desmantelar y desmoronar lo que eran las estructuras criminales», agregó.
Sobre los bienes de las FARC y el apoyo que han dado a la Fiscalía colombiana para perseguirlos, Whitaker admitió sentirse decepcionado con los resultados logrados.
«Yo estoy seguro de que hay más plata en eso», afirmó el representante del Gobierno estadounidense, que, a manera de ejemplo, preguntó quién pagó la ceremonia en la que las FARC se presentaron el pasado 1 de septiembre en Bogotá como partido político.
«Eso fue una producción multimillonaria, entonces si son realmente tan pobres, como dicen, cómo se puede respaldar eso. Necesitamos hacer más y como digo, estoy decepcionado en nuestro actuar, necesitamos hacer más», añadió.
Rechazo del pueblo
La ciudadanía colombiana rechazó el ‘acuerdo de Paz’ y Santos realizó una maniobra política para que finalmente el proyecto viera luz verde a espaldas de la ciudadanía. El partido Centro Democrático, que lidera Uribe, rechazó en bloque el pacto y aseguró que el Gobierno estaba engañando a los ciudadanos.
El movimiento destacó entonces que el hecho de que el Gobierno no aceptara «modificar temas fundamentales para la democracia» del primer acuerdo de paz, rechazado en referéndum, llevó a sus partidarios a «no aceptar» el nuevo pacto, aunque reconoció que en «otras materias hubo avances».
Entre los puntos rechazables, señalaron «elevar los acuerdos al nivel constitucional, con alcance de Bloque de Constitucionalidad; total impunidad o penas simbólicas, que significan lo mismo, para delitos de lesa humanidad, y crear una justicia paralela a la medida de los intereses de la FARC».
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