El gobierno de Nueva Zelanda suspenderá la emisión de nuevas recetas de bloqueadores de la pubertad para menores con disforia de género, una decisión que el Ejecutivo justifica en la necesidad de adoptar una actitud preventiva mientras no existan conclusiones científicas más sólidas. La medida, que entrará en vigor el 19 de diciembre, fue anunciada por el ministro de Sanidad, Simeon Brown, quien explicó que el Gabinete ha optado por congelar temporalmente el acceso hasta que concluya un ensayo clínico de referencia que se está llevando a cabo en el Reino Unido y cuyos resultados no se conocerán hasta 2031.

A pesar de esta suspensión, los análogos de la hormona liberadora de gonadotropina seguirán disponibles para quienes ya los usan en el marco de su tratamiento, así como para otras patologías como la pubertad precoz, la endometriosis o determinados tipos de cáncer. Brown insistió en que esta decisión pretende ofrecer a las familias la tranquilidad de que cualquier intervención médica en menores sea sólida desde el punto de vista clínico y compatible con el interés superior del joven.

El anuncio llega en un contexto de intensificación del debate político y sanitario. La coalición gobernante ha decidido reorganizar los servicios de apoyo a jóvenes con variaciones de género, manteniendo los programas existentes pero concentrando la información y los recursos en una plataforma nacional que centralice los procesos.

La medida ha recibido el entusiasmo de Nueva Zelanda Primero. Su líder, Winston Peters, celebró la suspensión a través de las redes sociales, calificándola de postura prudente frente a medicamentos que, según él, no han demostrado eficacia suficiente. También Karen Chhour, portavoz de ACT en materia de infancia, aplaudió el cambio normativo y lo presentó como un triunfo de la evidencia científica y de la protección del menor.

No obstante, desde la oposición se han escuchado críticas contundentes. Ricardo Menéndez March, diputado del Partido Verde, consideró que el Ejecutivo está dejándose arrastrar por «batallas culturales importadas» y denunció que la decisión se produce justo antes del Día Internacional de la Memoria Trans. A su juicio, la atención afirmativa de género es vital para la supervivencia de jóvenes trans y el gobierno debería concentrarse en resolver las carencias estructurales del sistema público de salud.

La raíz científica del debate se encuentra en el Reino Unido. La llamada revisión Cass, dirigida por la pediatra Hilary Cass durante cuatro años, concluyó que la base empírica sobre la atención afirmativa de género en menores era frágil y propuso llevar a cabo un gran ensayo clínico para aclarar si los bloqueadores son seguros y eficaces. Tras ese informe, el NHS británico suspendió la prescripción rutinaria de estos fármacos para nuevos pacientes, y países nórdicos como Suecia, Finlandia o Noruega ya habían restringido su uso previamente.

La revisión Cass provocó un terremoto internacional. Mientras algunos especialistas celebraron el llamamiento a reforzar la evidencia, otros cuestionaron el enfoque, alertando de que la investigación podría dificultar que menores con disforia de género accedieran a tratamientos necesarios. En Nueva Zelanda, la Asociación Profesional para la Salud Transgénero de Aotearoa (PATHA) fue especialmente crítica: calificó el informe británico de no aplicable al contexto nacional y reprochó que no incluyera a expertos trans ni no binarios en el análisis.