La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) apuntĆ³ a posibles ejecuciones extrajudiciales por parte las fuerzas de seguridad y a varios casos de desapariciones forzadas durante las protestas antigubernamentales en Venezuela.
Ā«La ACNUDH llegĆ³ a la conclusiĆ³n de que las fuerzas de seguridad emplearon sus armas de servicio durante las manifestaciones, causando la muerte de 27 manifestantesĀ», segĆŗn el informe definitivo sobre las violaciones cometidas entre el 1 de abril y el 31 de julio, periodo en el que murieron un total de 124 personas.
De las 124 muertes relacionadas con las manifestaciones que el Ministerio PĆŗblico ha investigado, las fuerzas de seguridad son responsables de al menos 46, de los que dos se produjeron por inhalaciĆ³n de gases lacrimĆ³genos, uno por perdigones de plĆ”stico, 14 por perdigones y Ā«metrasĀ» (canicas), dos por el impacto de cartuchos de bombas lacrimĆ³genas u otros y 27 por armas de fuego.
La ONU ya adelantĆ³ el pasado dĆa 8 las conclusiones preliminares de su investigaciĆ³n, la cual efectuĆ³ mediante 135 entrevistas a testigos desde PanamĆ” y Ginebra, dado que no tiene acceso al paĆs.
La ONU recuerda que las armas de fuego nunca se deben emplear para dispersar una manifestaciĆ³n y que el disparo indiscriminado contra una multitud siempre es ilegal.
Ā«El homicidio intencional perpetrado con armas de fuego u otras armas menos leales, a menos que sea estrictamente inevitable para proteger la vida humana, contraviene las normas internacionales y equivale a un uso excesivo de la fuerza y, posiblemente a una ejecuciĆ³n extrajudicialĀ», seƱala.
La ACNUDH ha registrado ademĆ”s Ā«varios casos de desapariciones forzadasĀ», una forma particularmente agravada de detenciĆ³n arbitraria, pero ha podido determinar el paradero de todas las personas cuyos casos fueron documentados.
SegĆŗn la ONG Foro Penal Venezolano, 5.051 personas, entre ellas 410 niƱos, fueron detenidas entre el 1 de abril y el 31 de julio, fecha esta Ćŗltima en la que seguĆan arrestadas 1.383 personas.
Al menos 609 civiles detenidos tuvieron que comparecer ante tribunales militares, por lo general aquellos considerados opositores.
En casi todos los casos de detenciĆ³n, las fuerzas de seguridad sometieron a los detenidos, incluidos a los niƱos, a una o mĆ”s formas de tratos crueles, inhumanos o degradantes, equivalentes en varios casos a actos de tortura, segĆŗn ya habĆa adelantado la ONU.
El organismo sostiene que los casos mĆ”s graves fueron responsabilidad del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), de la DirecciĆ³n General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y de la Guardia Nacional Bolivariana (PolicĆa militarizada).
A muchos detenidos les propinaron fuertes palizas en todo el cuerpo, incluidos los genitales, y a un hombre lo esposaron y suspendieron de la tuberĆa de un tanque de agua durante nueve horas y lo golpearon sin interrupciĆ³n.
Otras personas sufrieron quemaduras de cigarrillos, fueron obligados a arrodillarse por largo tiempo o a escuchar canciones y consignas progubernamentales durante horas.
En uno de los casos mĆ”s graves se utilizaron descargas elĆ©ctricas, pero la ACNUDH tambiĆ©n documentĆ³ casos en los que las fuerzas de seguridad emplearon gases lacrimĆ³genos y otros productos quĆmicos en espacios confinados o los aplicaron directamente a las vĆas respiratorias de los detenidos para estimular su asfixia.
Ante la constataciĆ³n de todos estos abusos, entre otros que ha documentado, la ACNUDH pide al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General de la ONU que consideren Ā«adoptar medidasĀ» para evitar un mayor deterioro de las libertades fundamentales en Venezuela, y solicita a Caracas que le dĆ© nuevamente acceso al paĆs.
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