La Corte Penal Internacional —CPI— ha suspendido a su fiscal jefe, Karim Khan, en el marco de una investigación por presunta conducta sexual inapropiada que mantiene bajo presión al tribunal con sede en La Haya.
La decisión fue anunciada este martes 9 de junio, más de un año después de que el abogado británico se apartara de todas sus funciones para preparar su defensa frente a las acusaciones formuladas contra él por un tercero.
El equipo legal de Khan ha calificado la suspensión de «ilegal, procesalmente injusta y no respaldada por pruebas». Por su parte, la oficina de supervisión de la CPI ha subrayado que la medida no debe interpretarse como una prueba de culpabilidad.
El caso podría tener consecuencias definitivas para la carrera de Khan. Si la investigación llega a una conclusión formal, el fiscal jefe podría verse obligado a abandonar de manera permanente su cargo. En última instancia, los 125 Estados miembros de la Corte Penal Internacional podrían tener que pronunciarse sobre su futuro.
La polémica se arrastra desde hace meses. El Mecanismo Independiente de Supervisión del tribunal cerró anteriormente una investigación después de que la presunta víctima, que habría denunciado tocamientos no deseados, declinara participar en el proceso.
La crisis interna golpea a una institución ya cuestionada por su politización y por su creciente intervencionismo en asuntos de enorme sensibilidad internacional. La CPI, presentada durante años como árbitro moral de la justicia global, atraviesa ahora una tormenta que afecta directamente a su máximo responsable acusador.
Esa ofensiva judicial desató una fuerte reacción de Estados Unidos y terminó provocando sanciones contra el propio fiscal. Según distintas informaciones, Khan habría vinculado su supervivencia al frente del tribunal con el éxito de esas causas contra Israel y otros dirigentes.
La suspensión del fiscal jefe llega, por tanto, en un momento especialmente delicado para la CPI. El tribunal enfrenta acusaciones de parcialidad, presiones políticas y uso selectivo del derecho penal internacional, mientras su principal figura queda apartada por un caso de presunta mala conducta.
Para los críticos de la Corte, el episodio confirma la fragilidad de una institución que pretende juzgar a líderes y Estados soberanos, pero que ahora se ve obligada a responder por sus propias sombras internas.
La CPI insiste en que la suspensión de Khan no implica una declaración de culpabilidad. Pero el daño reputacional ya es evidente: el tribunal que aspira a encarnar la justicia internacional queda nuevamente atrapado entre acusaciones de politización, conflictos internos y dudas sobre la conducta de sus altos cargos.
