Al menos 1.100 personas han sido secuestradas en el norte de Nigeria en lo que va de año por hombres armados y grupos de carácter yihadista, según alertó la organización Amnistía Internacional (AI), que ha instado a las autoridades a reforzar medidas de seguridad y protección de la población civil.
La organización señaló que las víctimas de estos secuestros suelen ser sometidas a torturas, privación de alimentos, amputaciones y violaciones, además de ser forzadas a presenciar o cometer actos violentos, manteniéndose en condiciones descritas como inhumanas e insostenibles.
Las estimaciones disponibles tienden a subestimar la magnitud real del fenómeno y que los secuestros se acompañan frecuentemente de asesinatos, saqueos y destrucción de bienes. Las familias se ven en muchos casos obligadas a reunir fondos mediante endeudamiento o colectas comunitarias para el pago de rescates, mientras que quienes no pueden afrontar dichas exigencias sufren desapariciones o violencia adicional.
Miles de menores han abandonado el sistema educativo por temor a nuevos ataques, según la organización, que vincula este fenómeno con el deterioro de la seguridad en comunidades rurales del norte nigeriano.
La violencia se ha atribuido en distintos informes a grupos de bandidos armados y, sobre todo, a organizaciones yihadistas, activos principalmente en el centro y noroeste del país, donde realizan ataques y secuestros masivos. Entre los incidentes citados figura el ataque del 3 de febrero en Woro, estado de Kwara, atribuido a Boko Haram, en el que se registraron numerosas víctimas mortales y secuestros.
Otro episodio ocurrió el 3 de enero en Kasuwan Daji, estado de Níger, donde hombres armados secuestraron a decenas de personas tras un ataque en el que también se produjeron muertes y saqueos.
El noreste del país mantiene desde 2009 una situación de violencia persistente vinculada a Boko Haram, intensificada a partir de 2016 con la aparición de su escisión ISWAP, según organismos internacionales. El fenómeno de los secuestros masivos se ha consolidado como un factor de inestabilidad regional con impacto en la educación, la economía local y la movilidad de las comunidades afectadas.
