Tres inmigrantes ilegales han sido declarados culpables de un delito de agresión sexual en grupo cometido contra una mujer de 33 años en la ciudad costera de Brighton, según determinó un jurado del Tribunal de la Corona de Lewes. Los hechos se remontan al 4 de octubre del año pasado y se produjeron en la zona de playa, en las inmediaciones del paseo marítimo.
Los condenados son Abdulla Ahmadi, de 26 años y nacido en Irán, junto con los inmigrantes egipcios Karin Al-Danasurt, de 20 años, e Ibrahim Alshafe, de 25. De acuerdo con la acusación, los tres actuaron de manera coordinada tras identificar a la víctima, quien se encontraba en estado de intoxicación alcohólica severa, lo que limitaba su capacidad de reacción y consentimiento.
Durante el juicio, la fiscalía sostuvo que los acusados se comportaron como una «manada de depredadores«, aprovechándose de la vulnerabilidad de la mujer. La agresión tuvo lugar detrás de una cabaña en la playa, donde la víctima fue sometida de manera reiterada. La identidad de la mujer no ha sido revelada conforme a la legislación vigente en materia de protección de víctimas de delitos sexuales.
Uno de los acusados, Al-Danasurt, grabó parte de los hechos con su teléfono móvil. Según su testimonio, la grabación tenía como finalidad «reunir pruebas», afirmación que fue cuestionada por la fiscalía. Durante el interrogatorio, el acusado manifestó una interpretación errónea del consentimiento, señalando que no distinguía entre relaciones sexuales consentidas y violación, lo que fue considerado relevante en la valoración del jurado.
Las pruebas presentadas incluyeron imágenes de cámaras de seguridad que mostraban a los acusados durante la noche previa en locales de ocio, donde interactuaron con varias mujeres. Asimismo, se exhibieron grabaciones en las que los ilegales se filmaban antes y después de los hechos, incluyendo momentos posteriores en los que regresaron a su alojamiento.
Según la información expuesta en el tribunal, los tres inmigrantes residían en un establecimiento financiado con fondos públicos y autorizado por el Ministerio del Interior británico para solicitantes de asilo. Tras la agresión, regresaron al alojamiento y participaron en una reunión social, lo que fue interpretado por la acusación como una conducta incompatible con la supuesta intención de denunciar los hechos.
La víctima declaró haber perdido la conciencia de forma intermitente durante el ataque y describió una experiencia de confusión y desorientación. Su testimonio fue respaldado por las pruebas médicas y audiovisuales presentadas durante el proceso judicial.
Los tres ilegales negaron los cargos durante el juicio. Sin embargo, el jurado emitió un veredicto de culpabilidad tras analizar el conjunto de pruebas. La sentencia será dictada en una fecha posterior.
