Tras pausar, de momento, la opción militar, Estados Unidos ha intensificado la presión económica sobre Irán con una nueva batería de sanciones dirigidas contra altos funcionarios a los que acusa de coordinar la represión de las protestas que sacuden el país desde hace semanas, en un movimiento que la Casa Blanca presenta como advertencia directa al régimen de Teherán.

Encabezando la lista del Departamento del Tesoro figura Ali Larijani, jefe del Consejo de Seguridad Nacional iraní y estrecho colaborador del líder supremo, Alí Jamenei. Washington le atribuye un papel central en la respuesta violenta contra los manifestantes, que según organizaciones de derechos humanos ha dejado más de 2.600 muertos y cerca de 19.000 detenidos en todo el país.

«Bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento del Tesoro está sancionando a líderes iraníes clave involucrados en la brutal represión contra el pueblo iraní», declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, al anunciar las medidas, que buscan aislar a los sancionados del sistema financiero estadounidense y bloquear sus activos.

Las sanciones también alcanzan a mandos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y a empresas con sede en los Emiratos Árabes Unidos, acusadas de servir como fachada para el blanqueo de capitales procedentes del petróleo iraní y de facilitar la financiación de grupos aliados de Teherán en la región, como Hizbulá.

Trump, que ha advertido en varias ocasiones con una acción militar directa, optó por ganar tiempo después de ser informado de que Estados Unidos carece por ahora de fuerzas suficientes en la zona para asestar un golpe decisivo y contener eventuales represalias, según publica The Wall Street Journal. Entre las alternativas sobre la mesa figuran ciberataques y un endurecimiento del cerco económico.

Mientras, en Teherán y otras ciudades, las protestas continúan alimentadas por la crisis económica y el descontento con el régimen. Los manifestantes corean «¡muerte al dictador!» y reclaman un cambio político, mientras denuncian el uso de munición real por parte de las fuerzas de seguridad y el bloqueo de internet para silenciar al país ante el exterior.