El llamado Grupo Central LGTB de la ONU ha pedido que las organizaciones profamilia sean consideradas una «amenaza global para la democracia», en una nueva ofensiva del lobby de género contra las entidades que defienden el matrimonio, la natalidad y la familia natural, según recoge El Debate.

Durante un acto celebrado en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, varios representantes de este grupo —integrado por entidades y delegaciones de 46 Estados, en su mayoría occidentales— acusaron a las organizaciones profamilia de formar parte de una red transnacional «conservadora» destinada a frenar los llamados derechos LGTBI.

La intervención principal corrió a cargo de Ari Shaw, activista del Instituto Williams de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Los Ángeles —UCLA—, quien sostuvo que el auge del asociacionismo familiar en Occidente debe interpretarse como una amenaza para los derechos LGTBI y para la democracia.

«Observamos amenazas a los derechos LGBTI, junto con amenazas a la democracia, ya que, como demuestran numerosas investigaciones, ha surgido una red transnacional de resistencia conservadora para desafiar los derechos LGBTI», afirmó Shaw.

El activista acusó a los grupos profamilia de «instrumentalizar el derecho internacional de los derechos humanos» y de utilizar los mecanismos de las organizaciones internacionales para promover posturas contrarias a la agenda LGTBI en distintas regiones del mundo.

En una llamativa inversión del discurso habitual, Shaw presentó a las entidades defensoras de la familia como «actores contrarios a la libertad», bajo la premisa de que la promoción de la ideología de género sería inseparable de la democracia.

La denuncia fue recogida por C-Fam, una organización profamilia que actúa como observador ante Naciones Unidas y que ha alertado del creciente uso de organismos internacionales para imponer la agenda de género sobre legislaciones nacionales, tradiciones culturales y marcos constitucionales que protegen el matrimonio y la familia.

Durante la sesión, Shaw presentó gráficos destinados a vincular la menor aceptación de la agenda LGTBI en África y Asia con un supuesto deterioro de los valores democráticos en esas regiones.

C-Fam cuestionó esa interpretación y señaló que el activista omitió un factor decisivo: durante ese mismo periodo, la Administración Obama y varios gobiernos europeos intensificaron la promoción internacional de la agenda LGTBI, en muchos casos vinculándola a políticas de cooperación, ayuda exterior y presión diplomática.

Según la organización profamilia, la caída de la aceptación social de estas agendas en algunas regiones podría explicarse también como una reacción frente a la imposición ideológica exterior, especialmente cuando se presenta como condición para acceder a fondos, reconocimiento o apoyo internacional.

Shaw sostuvo además que la promoción de la natalidad y del matrimonio como unión entre un hombre y una mujer «socava el compromiso con la igualdad ante la ley», debilita las instituciones internacionales y utiliza el pluralismo democrático para fomentar un discurso polarizador.

Durante el mismo acto intervino Erika Hilton, diputado brasileño que se presenta como mujer y que fue elegido como el primer congresista transgénero de Brasil. Hilton afirmó que la protección de los derechos LGTBI constituye una «condición básica para la gobernabilidad democrática».

La elección del término «gobernabilidad» resulta especialmente significativa. No se habló sólo de libertad individual o de convivencia democrática, sino de la capacidad de los gobiernos para legislar sin resistencia frente a la agenda de género.

C-Fam ha denunciado que, en realidad, el Grupo Central LGTBI de la ONU opera muchas veces al margen de la realidad política de los países que lo integran. Entre ellos figuran Estados como Argentina, Bolivia, Chile, Croacia o Italia, con legislaciones, constituciones o gobiernos que protegen el matrimonio, la familia o una visión no ideológica de la antropología humana.