La empresa china Geedge Networks está trabajando en una tecnología basada en inteligencia artificial que permitiría a los Gobiernos autoritarios vigilar a los disidentes y anticipar quién podría convertirse en uno de ellos. El proyecto, aún en fase de investigación, plantea un salto inquietante en el control político: pasar de censurar o perseguir opiniones ya expresadas a actuar contra ciudadanos antes incluso de que manifiesten oposición alguna.
La compañía vende herramientas inspiradas en el Gran Cortafuegos de China, el sistema utilizado por Pekín para controlar, vigilar y limitar la actividad en internet. Ese modelo permite supervisar el tráfico digital, bloquear contenidos, detectar intentos de eludir la censura y reforzar el control estatal sobre la conversación pública.
Según investigadores de la Universidad de Vanderbilt, Geedge Networks trabaja ahora en nuevos productos que emplean inteligencia artificial para examinar datos de ubicación, actividad en internet y patrones de comportamiento. El objetivo sería clasificar a los ciudadanos y detectar quién podría decir o hacer algo crítico contra el Gobierno.
El avance revela el fondo político de la carrera tecnológica abierta entre las grandes potencias: la inteligencia artificial no sólo se ha convertido en un instrumento económico o militar, sino también en una herramienta decisiva para el control social. En manos de regímenes autoritarios, su uso puede convertir la vigilancia masiva en un sistema de persecución preventiva.
El director del Laboratorio de Problemas Complejos del Instituto de Seguridad Nacional de Vanderbilt, Brett J. Goldstein, ha advertido de los riesgos de combinar vigilancia masiva e inteligencia artificial sin controles efectivos. A su juicio, la experiencia china muestra hasta dónde pueden llegar estas tecnologías cuando se aplican sin supervisión y bajo una estructura política sin garantías reales para los ciudadanos.
Durante los primeros meses de 2024, investigadores de la empresa ya trabajaban en la creación de perfiles de comportamiento a partir de datos de telecomunicaciones, redes sociales e información de geolocalización. Para ello utilizaban modelos de inteligencia artificial capaces de clasificar a los ciudadanos y detectar lo que denominaban «información perjudicial«.
La tecnología de Geedge Networks no parte de cero. La empresa ha sido señalada por vender sistemas de censura y vigilancia digital similares al modelo chino a otros Gobiernos. Una investigación publicada por WIRED apuntó que una filtración de más de 100.000 documentos internos mostraba cómo la compañía exportaba herramientas capaces de filtrar tráfico de internet, bloquear redes privadas virtuales y controlar comunicaciones digitales.
El desarrollo de estas capacidades podría haberse visto afectado por los controles a la exportación de chips estadounidenses para inteligencia artificial impuestos durante la Administración Biden. Estas restricciones habrían dificultado el acceso de compañías chinas a semiconductores avanzados, imprescindibles para entrenar y desplegar sistemas de IA de gran escala.
Estados Unidos ha convertido precisamente la inteligencia artificial en un eje central de su pulso estratégico con China. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha defendido una política orientada a ganar la carrera de la IA, acelerar la innovación, construir infraestructuras propias y reforzar el liderazgo estadounidense en diplomacia y seguridad tecnológica.
El plan de Washington apuesta por eliminar barreras regulatorias, impulsar centros de datos, reforzar la industria de semiconductores y exportar hardware, modelos, software y estándares a sus aliados. La Casa Blanca presenta esta estrategia como una cuestión de competitividad económica, pero también de seguridad nacional frente al avance tecnológico de Pekín.
China, por su parte, intenta presentarse como defensora de una gobernanza internacional de la inteligencia artificial. El primer ministro de China, Li Qiang, ha propuesto la creación de una «organización global de cooperación» para establecer reglas comunes sobre el desarrollo y uso de esta tecnología. El planteamiento contrasta con el despliegue interno de un sistema de vigilancia digital cada vez más sofisticado.
La ONU ha reclamado cooperación internacional para evitar que la inteligencia artificial agrave desigualdades o se utilice sin garantías. Sin embargo, el caso de Geedge Networks muestra que el debate no es sólo técnico, sino profundamente político: quién controla la tecnología, con qué límites y al servicio de qué modelo de poder.
La amenaza principal no reside únicamente en la censura de contenidos, sino en la posibilidad de que un Estado pueda construir perfiles ideológicos de sus ciudadanos, anticipar conductas políticas y convertir la discrepancia potencial en un motivo de vigilancia. La inteligencia artificial, concebida como una herramienta de progreso, puede acabar en manos de los regímenes autoritarios como un mecanismo para blindar el poder frente a cualquier forma de oposición.
