Un borrador de informe de Naciones Unidas ha roto el consenso ideológico que imperaba desde hace años en organismos internacionales. La relatora especial sobre la violencia contra la mujer y las niñas, Reem Alsalem, ha presentado un documento crítico con la ideología de género y con las políticas trans que se están promoviendo en nombre de los derechos humanos.
El texto —titulado Violencia basada en el sexo contra mujeres y niñas: nuevas fronteras y cuestiones emergentes— fue elaborado en el marco del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) y denuncia lo que califica como un «esfuerzo internacional concertado» para eliminar la categoría legal de mujer, así como los efectos «socialmente contagiosos» de la disforia de género entre menores. «Tales esfuerzos han socavado el logro práctico de la igualdad entre hombres y mujeres. Se está negando a las mujeres el reconocimiento legítimo como una categoría distinta en la ley y la sociedad», denuncia Alsalem.
El documento también reprueba el cambio deliberado del lenguaje jurídico y público para suprimir toda referencia a mujeres en términos biológicos. Alsalem menciona expresiones impuestas por el lenguaje inclusivo como «personas gestantes», «menstruantes» o «portadoras de vagina», y las considera deshumanizantes y reductoras.
La relatora alerta de que este fenómeno forma parte de un marco ideológico que describe como «inclusión coercitiva»: se exige a las mujeres renunciar a su propio reconocimiento legal en favor de otras identidades. Este cambio, insiste, no ha sido consensuado democráticamente ni protege los derechos de las mujeres reales.
Una de las partes más contundentes del informe aborda la medicalización de menores con disforia de género. Alsalem denuncia que se están practicando tratamientos hormonales y quirúrgicos con consecuencias físicas y psicológicas irreversibles, pese a que los menores no tienen capacidad para ofrecer un consentimiento plenamente informado.
Según el borrador, hay un aumento significativo de casos de disforia entre adolescentes, especialmente entre niñas con diagnósticos del espectro autista, lo cual sugiere un fenómeno de contagio social más que una realidad médica estructural.
Entre las consecuencias señaladas por el documento se incluyen: Menopausia precoz; esterilidad y pérdida de función sexual; disforia persistente tras la transición: daños óseos y psicológicos graves; disociación del propio cuerpo, especialmente en niñas vulnerables.
Alsalem afirma que estos procedimientos vulneran el derecho de los menores a la seguridad, a la salud y a estar libres de violencia. Por ello, insta a los Estados miembros a prohibir el uso de bloqueadores hormonales, hormonas cruzadas y cirugías en menores de edad.
El informe sostiene que la eliminación del sexo biológico como criterio jurídico afecta directamente la capacidad de las mujeres para organizarse, proteger sus espacios exclusivos (como refugios o cárceles) y recibir protección frente a la violencia. También critica la creciente censura que sufren las mujeres que se atreven a disentir de la narrativa oficial, a las que se acusa sistemáticamente de «transfobia».
En esa línea, Alsalem celebra la reciente sentencia del Tribunal Supremo del Reino Unido que define legalmente la palabra «mujer» según el sexo biológico, considerándola un ejemplo positivo de protección real de las mujeres y niñas.
Este informe preliminar no representa todavía una posición oficial de la ONU, pero sí marca un giro significativo respecto al discurso dominante en la institución durante la última década. Por primera vez, una alta funcionaria del sistema de derechos humanos de la ONU se distancia de la retórica transactivista y señala con datos las consecuencias materiales de sus políticas.
Países como Reino Unido, Países Bajos y Brasil ya han comenzado a restringir estos tratamientos en menores de edad. El informe menciona estos casos como ejemplos de una corrección de rumbo necesaria para preservar los derechos de los niños y adolescentes.
El documento de Alsalem ha sido acogido con esperanza por asociaciones de mujeres, organizaciones médicas y activistas que defienden los derechos basados en el sexo. Al mismo tiempo, ha sido blanco de duras críticas por parte de grupos transactivistas que lo califican de «alarmista».
Sea como fuere, el informe pone sobre la mesa una verdad incómoda: las políticas impuestas bajo el paraguas de la «inclusión» pueden estar generando una nueva forma de violencia estructural contra mujeres y menores. Y esta vez, la voz que lo dice no proviene de un colectivo marginal, sino de una relatora oficial del propio sistema de Naciones Unidas.
