'Ser es defenderse'
RAMIRO DE MAEZTU
Este artículo se publicó en La Gaceta antes de convertirse en La Gaceta de la Iberosfera, no siendo entonces propiedad de Fundación Disenso.

El chavismo tortura con descargas eléctricas, palizas y quemaduras a los opositores

El dictador venezolano, Nicolás Maduro

La ONU denuncia «violaciones continuas de los Derechos Humanos» en Venezuela.

La ONU ha pedido al Consejo de Derechos Humanos que tome medidas para prevenir un deterioro en Venezuela ante las «extensas» violaciones de derechos humanos cometidas en ese país en el marco de las protestas antigubernamentales, y expresó su deseo de que sus denuncias sirvan para exigir responsabilidades.

Ha denunciado descargas eléctricas, palizas con barras de metal, asfixia con gases químicos, quemaduras por cigarrillos, amenazas de violación por parte de los colectivos chavistas.

«Voy a urgir al Consejo a que tome medidas que eviten que la situación de derechos humanos empeore en Venezuela, pero depende de este órgano decidir qué medidas tomará, ya sea en la forma de un mecanismo de supervisión, informes regulares o una comisión de investigación», declaró en una rueda de prensa el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid R’aad al Hussein.

La ONU no tiene acceso al país andino desde al menos 2014, por lo que el organismo pidió de nuevo al Gobierno del presidente Nicolás Maduro que le permita visitas «in situ».

Pese a ello, la ONU no apoya la imposición de sanciones a Venezuela si «empeora la situación de los derechos sociales y económicos de los venezolanos», afirmó el abogado de derechos humanos del organismo, Hernan Vales. Lo que sí espera la ONU es que su investigación sirva para la rendición de cuentas de los responsables de los abusos y que sea utilizada por la comunidad internacional y organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA) para, entre otras cosas, determinar si se han cometido crímenes contra la humanidad.

La OEA prevé comenzar en septiembre una serie de audiencias para determinar si hay fundamento para que alguno de los Estados miembros lleve a Venezuela ante la Corte Penal Internacional, y lo hará con el asesoramiento del exfiscal de ese tribunal Luis Moreno Ocampo.

La ONU hizo estas consideraciones en el marco de la presentación del informe definitivo sobre las violaciones cometidas en Venezuela entre el 1 de abril y el 31 de julio, en lo que define como una «política destinada a reprimir el disenso político e infundir temor en la población a fin de frenar las manifestaciones».

El documento de 39 páginas del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) se basa en 135 entrevistas realizadas a distancia -desde Panamá y Ginebra- a víctimas y sus familiares, testigos, representantes de ONG, periodistas, abogados, médicos, paramédicos y el Ministerio Público venezolano.

La ONU detalla en el informe el uso de fuerza excesiva y letal, posibles ejecuciones extrajudiciales, malos tratos e incluso torturas, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas temporales, allanamientos ilegales y violentos de viviendas particulares, juicios militares contra civiles y ataques contra periodistas y ataques y restricciones contra opositores.

En las protestas antigubernamentales murieron 124 personas hasta el 31 de julio, aunque desde entonces hubo seis fallecidos más, según el abogado de derechos humanos de la ONU Carlos de la Torre. Las fuerzas de seguridad son responsables de al menos 46 muertes y los «colectivos» progubernamentales armados de 27.

El informe se refiere además a 5.051 detenciones arbitrarias en el marco de las protestas, si bien Vales elevó la cifra a 5.341 personas, de las que 822 siguen arrestadas. También ha actualizado hasta 726 el número de civiles sometidos a la justicia militar, en su mayoría personas consideradas opositoras.

El ACNUDH ha registrado «varios casos de desapariciones forzadas temporales» y ha determinado que en casi todos los casos de detención las fuerzas de seguridad sometieron a los detenidos, inclusive a los niños, a una o más formas de tratos crueles, inhumanos o degradantes, equivalentes en varios casos a tortura.

Las fuerzas también obligaron a algunos detenidos a estar arrodillados por largo tiempo o escuchar canciones y consignas progubernamentales durante horas, y emplearon gases lacrimógenos y otros productos químicos en espacios confinados o los aplicaron directamente a las vías respiratorias para estimular la asfixia.

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