El régimen de Xi Jinping ha intensificado durante la última década la persecución contra los cristianos que se niegan a someter su fe al control del Partido Comunista Chino (PCCh). Más de 10.000 personas han sido detenidas durante este periodo, según las cifras de ChinaAid, una organización dedicada a asistir a las víctimas de la represión religiosa en el gigante asiático.

China reconoce de forma oficial cinco religiones, entre ellas el protestantismo y el catolicismo, pero sólo permite el culto dentro de organizaciones sometidas al Estado. En las iglesias autorizadas, los fieles deben cantar canciones patrióticas antes de los servicios religiosos y colocar retratos de Xi Jinping sobre los púlpitos.

Miles de cristianos rechazan estas condiciones y practican su fe en iglesias clandestinas, fuera de la supervisión de las autoridades. Una decisión que los convierte en objetivo de la Policía y de los organismos de seguridad del régimen.

La última ofensiva de las autoridades se produjo el pasado mes, cuando agentes armados irrumpieron en la Early Rain Covenant Church, una de las comunidades cristianas clandestinas más influyentes del país, y detuvieron a más de 30 personas.

La represión también ha golpeado a la Zion Church, una de las mayores iglesias clandestinas de China. Cerca de 30 de sus miembros fueron detenidos en octubre de 2025 durante una de las mayores operaciones policiales contra cristianos de los últimos años.

Los miembros de la congregación denuncian que la Policía llevaba meses interrogando a fieles e intentando obtener información con la que acusar a sus dirigentes de delitos económicos.

La ofensiva contra los cristianos se ha intensificado desde la llegada de Xi Jinping al poder en 2012. Tres años después, el régimen puso en marcha la denominada política de «sinización», destinada a someter las religiones y los grupos étnicos a los principios ideológicos y políticos del Partido Comunista.

En 2018, Pekín aprobó además un plan de cinco años dirigido específicamente contra las comunidades cristianas. Las medidas incluían la censura de sermones, el control de las donaciones, la supervisión de las traducciones de la Biblia y la introducción del denominado «pensamiento de Xi Jinping» en los programas educativos de los seminarios. Las autoridades también cerraron de forma sistemática iglesias clandestinas y demolieron lugares de culto que escapaban al control estatal.

Actualmente, se calcula que las iglesias autorizadas por el régimen cuentan con unos 44 millones de miembros, mientras que alrededor de 115 millones de cristianos practican su fe fuera de las estructuras controladas por el Estado.

Bob Fu, fundador de ChinaAid, considera que la persecución responde directamente al intento de Xi Jinping de eliminar cualquier autoridad capaz de competir con el poder del Partido Comunista. «Es el emperador jugando a ser Dios. Xi quiere ser exclusivo y no quiere que nada sea considerado o adorado como algo superior a él», afirma.

Las autoridades recurren además a diferentes delitos para encarcelar a los cristianos. Entre las acusaciones utilizadas figuran el «uso ilegal de redes de información», el «uso de supersticiones para socavar la ley», el fraude o la gestión ilegal de negocios.

La persecución también alcanza a los abogados encargados de defender a los detenidos. Varios letrados han perdido sus licencias profesionales después de asumir casos relacionados con cristianos perseguidos. Entre 2017 y 2023, al menos 30 abogados especializados en derechos humanos fueron inhabilitados, según la organización Front Line Defenders.