El profesor Gabriel Zucman, de la London School of Economics, mantiene que en los paraísos fiscales mundiales hay 144.000 millones de españoles eludidos del control y- aun peor- de la tributación al fisco español. La mitad de todo eso está en Suiza. Eso nos hace perder unos 7.500 millones de ingresos fiscales. Si España ingresara 7.500 millones más al año, las cuentas públicas se acercarían al equilibrio y los españoles nos beneficiaríamos de ello.
Una inmoralidad consentida bajo el mantra de: “Tener cuentas en Suiza no es delito” que seguro que ya conocen. Hagamos que lo sea, para pinchar ese truco. Lo lógico sería no permitir una unfair competition (competencia desleal) fiscal de los paraísos. Cuentas sometidas a fiscalidades competidoras sí, cuentas bancarias sin impuestos, no. Con el BOE en la mano se puede impedir el refugio de capitales detraídos de contribuir al gasto público español, no. ¡Quien ha dicho que esto debe ser así! También queda lo que hace la Agencia Tributaria en España perseguir sañudamente a los no contribuyentes, ahora lo hacen con los que contribuimos.
Efectivamente, por qué no acabar con un privilegio de “elites extractivas “que acumulan riqueza aquí y se la llevan porque no desean contribuir a sufragar los gastos públicos. Incluso alguno de ellos los disfrutan (algunos cobraron hasta los 400 euros del loco de Zapatero). La mejor medicina contra esa “sangría” es que los impuestos sean justos, equitativos eficientes y progresivos (como dice el artículo 31 de la Constitución). Montoro ha desdibujado ese enunciado de principios. La otra medida es el palo contra los defraudadores como Uli Hoeness, el futbolista alemán que presidía el Bayern, que está a punto de ir a la cárcel. ¡El miedo guarda la viña!
Sin embrago, Montoro, que está buscando su destino como los de Easy rider se empeñó en una amnistía fiscal que solo conseguía 1.200 millones menos de lo que los inspectores recaudan en un año apretando tuercas a los que declaran en España. La mejor prueba de fracaso de la amnistía es que el promedio de “regularización” a pesar de rebajarla al pago de un 10% y pelillos a la mar, fue de 31.500 euros por defraudador.
