Cuando una masa de manifestantes trumpistas, convencidos de que le habían robado las elecciones a su candidato, invadieron el Capitolio de Washington en enero de 2021, a las autoridades demócratas victoriosas les faltó tiempo para detener a 1.600 manifestantes, encarcelando durante años a 700, alegando con los ojos en blanco que aquello había sido peor que Pearl Harbour o el 11 de septiembre.
No importó en absoluto que las cámaras del lugar revelaran que los agentes del Capitolio parecieran invitar a la muchedumbre a penetrar en las instalaciones, actuando como verdaderos cicerones. No importó que hubiera casi trescientos agentes federales infiltrados en la multitud. No importó que los manifestantes fueran todos desarmados (algo absolutamente contraindicado para dar un golpe de Estado) y que la única víctima mortal fuera una de las manifestantes, disparada a bocajarro por un agente. Cayó sobre ellos todo el peso de la ley, se intentó un juicio político retroactivo contra Trump por el asalto y se exprimió el asunto para deslegitimar por completo toda opción conservadora.
Trump ha vuelto al poder con un abrumador respaldo popular, después de haber sobrevivido a dos procesos de impeachment, incontables enjuiciamientos y dos intentos de asesinato y con un lema que ponía los dientes largos a sus seguidores: «Retribution», que podría traducirse mejor por «venganza» que por el blando «retribución». Se esperaba que se vinieran cosas.
La Administración acusó hará cosa de unos meses al expresidente Obama se conjurarse con los servicios secretos para filtrar a los medios una «trama rusa» contra Trump que sabían falsa. Lo dijo el propio Trump y la fiscal general del gobierno, Pat Bondi.
No es una acusación baladí; es alta traición, un delito que puede conllevar la pena capital. La declaración no debería poder hacerse sin que a las pocas horas o, como mucho, al día siguiente pudiéramos ver esposados a Obama y sus cómplices. No ha pasado nada, no se ha abierto una investigación, no ha habido citaciones. Como si Bondi hubiera dicho que va a llover.
Seis legisladores demócratas han aparecido en medios para pedir de forma conjunta a militares y agentes del orden estadounidenses que desobedezcan las órdenes de sus superiores, empezando por los órdenes de su comandante supremo, el presidente de Estados Unidos. Eso es insurrección abierta. No se han presentado cargos, aunque Trump les haya fulminado desde su propia red social con las acusaciones más graves.
Trump ha designado Antifa como organización terrorista. Pero tampoco ha habido redadas en casa de miembros perfectamente reconocidos de Antifa, no se ha desmantelado ninguna célula ni han dejado de aparecer tipos por todas partes declarándose pública y orgullosamente parte de Antifa. Sin problemas.
No tenemos mucho tiempo. En el caso de Trump, que no se presentará a la reelección, le quedan poco más de tres años, menos de uno si las legislativas del año que viene dejan a los republicanos en minoría en el Congreso y es incapaz de aplicar medidas de peso. Y todos sabemos que los demócratas no tardarán ni un mes en desmontar el trumpismo cuando vuelvan a la Casa Blanca. Como sabemos que su venganza contra las figuras señeras del trumpismo será implacable.
Trump es la gran esperanza de la derecha soberanista occidental, y no sin razón: dice sin cortarse lo que querríamos oír de nuestros líderes, sin complejos ni ambigüedades. Pero no parece librarse de esa misteriosa enfermedad que afecta a toda la derecha mundial, de amagar y no dar, de caer en el pánico ante la necesidad de emprender cambios de calado, al modo de sus rivales.
Es cierto que la izquierda nada a favor de la corriente, que ha contaminado diligentemente todas las instituciones, especialmente las culturales, y tiene a la burocracia permanente en un puño. Pero esa es una razón más para actuar con contundencia, para darse prisa.
