En esta España nuestra que baila cuando se produce un apagón general, en esta en la que millones de compatriotas permanecen impertérritos ante las continuas cesiones de Sánchez al secesionismo, pues, al menos, no gobierna la derecha, en esta misma nación, de naciones, dicen algunos, a despecho de la teoría de conjuntos, en la que, por un lado te acortan la jornada laboral y por otro te alargan la edad de jubilación, no hay día sin su medida disgregadora.
La pasada semana, hemos sabido que los grupos parlamentarios de la Chunta Aragonesista y el Partido Aragonés, han registrado en las Cortes de Aragón una proposición de ley de derogación de los Decretos de Nueva Planta impuestos por Felipe V tras su victoria sobre el Archiduque Carlos de Austria, en la Guerra de Sucesión. Con esta propuesta, las dos marcas aragonesas pretenden recuperar los derechos históricos de Aragón. La consecuencia más tangible para los avecindados en las tres provincias, sería la posibilidad de disponer de una Hacienda Foral propia. O lo que es lo mismo, el partido de ¡A la mierda! Labordeta y el de la derecha menguante, buscan lo mismo que los secesionistas catalanes: la llave de la caja.
Unidos ante el régimen común, entendido como no común, como ajeno a las esencias del terruño, derechistas e izquierdistas aragoneses representan la reacción, pues buscan el regreso de parte del Antiguo Régimen. La iniciativa, sin embargo, carece de originalidad, pues la invocación de los «derechos históricos» es un mantra habitual en los más adelantados de la clase en eso de exprimir al común de los españoles: las facciones vasquistas y catalanistas, tanto las «progresistas» como las «conservadoras». Engolfados en una visión parcial e interesada de la Historia, pues de los derechos de la nobleza y del clero nada quieren saber, estos expertos en recoger nueces y en establecer conciertos, son el espejo en el que se miran ahora el par de marcas mañas, pero también la Diputación de Valencia, en la que se ha aprobado una moción similar con los votos de todos los partidos, excepto VOX. Envalentonado ante su éxito, el presidente de la Asociación de Juristas Valencianos, ha asistido, acaso como observador internacional, a la presentación de la proposición de ley en las cortes aragonesas.
Ignoro hasta qué punto la iniciativa de PAR y Chunta Aragonesista pueda tener recorrido. Su sola presentación es elocuente del grado de corrupción al que ha llegado un Estado autonómico del que no creo que nadie se siga creyendo su propaganda justificativa: el acercamiento de la administración al ciudadano. Como es sabido por todo el que quiera saber, el Estado autonómico español se diseñó con un propósito divisor de la Nación española. Como una herramienta útil para las oligarquías locales y para su red clientelar, ideólogos incluidos. El efecto de Estado autonómico español es evidente: el debilitamiento de la Nación española y la división entre compatriotas. Su principal gestor tiene su sede en Ferraz; su muleta, en Génova. Su horizonte final: una confederación tan europeísta como rústica.
