Termino esta serie a propósito del sector agropecuario atacando la causa más grave y acuciante de las que asolan a nuestro campo: la entrada masiva de producción procedente de terceros países que en su proceso de elaboración, distribución, almacenaje, etiquetado y transporte no cumple con las exigencias regulatorias, técnicas, ambientales, laborales o fiscales que se imponen a nuestros productores; colocando a los nuestros en una clara situación de inferioridad competitiva.
Una relación comercial injusta consentida —y a veces promovida— por quienes son los encargados de hacer cumplir las leyes, ya sean autoridades autonómicas, nacionales o comunitarias.
La Comisión Europea se burla sistemáticamente de nuestros agricultores y ganaderos. Esos mismos agricultores españoles que han denunciado a Marruecos ante la oficina europea de lucha contra el fraude por el incumplimiento del pago de los derechos aduaneros, el fraude en el etiquetado y la ausencia de trazabilidad en muchas importaciones agrícolas marroquíes.
El gobierno de Sánchez no pone los medios ni la voluntad en asegurar el cumplimiento de la Ley nacional y los acuerdos internacionales vigentes.
El aumento de las obligaciones de los productores españoles no se ha traducido en reciprocidad con países terceros. Marruecos ha aumentado exponencialmente sus exportaciones a la UE hundiendo los precios en España y obligando a muchas explotaciones a abandonar; a sabiendas que en Marruecos el coste del suelo, las cargas laborales y sociales, las imposiciones regulatorias, las condicionalidades ideológicas ambientales que se aplican a los nuestros, ni se aplican ni se cumplirán en ningún caso. Vayan ustedes a Marruecos a exigir perspectiva de género en la política agrícola.
A pesar de los incumplimientos sistemáticos detectados en la frontera, Bruselas premió a Marruecos en 2022 con dinero fresco para que aumenten su producción y sigan inundando los lineales de los supermercados españoles, aprovechándose de la necesidad de las familias españolas.
Bruselas ha decidido que nuestros agricultores abandonen y no produzcan para que nuestra seguridad alimentaria la garanticen «países amigos y socios privilegiados» como Marruecos o Turquía.
En el futuro cercano, el acuerdo con Mercosur está pendiente de ratificación por los Estados miembros y los acuerdos comerciales con Australia, Chile y México parecen inminentes. La carne, el arroz, el azúcar y los lácteos serán los productos más sensibles a estos eventuales acuerdos.
Pero nada más lejano a nosotros que la resignación o la cobardía. No nos es permitido parar hasta frenar esta hipocresía que lleva muchos años afectando al campo español ante la mirada indiferente de los últimos gobiernos y el aprovechamiento de las grandes corporaciones que acaban fijando los precios en el mercado.
Sabemos lo que precisan nuestros agricultores y ganaderos, porque nos lo explican cada vez que compartimos con ellos tiempo en una explotación ganadera en Segovia, Asturias o Córdoba, o junto a olivos en Jaén; aguacate en la costa tropical; fresa en Huelva, tomate en Extremadura, pimientos en Murcia; cítricos en el Levante o sandías en Almería.
Defenderemos la aplicación conjunta de los principios de reciprocidad y preferencia comunitaria en la negociación, revisión y ejecución o aplicación de los acuerdos comerciales con terceros países. Es imperativa una revisión radical de la política comercial de la Unión para el sector agroalimentario que incluya; Siempre que sea posible, la exclusión del sector agrario de los acuerdos generales de libre comercio, para no ser utilizado como moneda de cambio en las negociaciones.
En cualquier caso, la aplicación en los nuevos Acuerdos y la inclusión con eficacia inmediata en las revisiones de los Acuerdos vigentes de cláusulas espejo que aseguren que todos los países productores tienen igualdad de condiciones en materia de agricultura y ganadería, garantizando la igualdad competitiva en el mercado y la mejora de la producción mundial.
En igualdad de condiciones, aplicación del principio de preferencia comunitaria y el de reciprocidad. Exigiremos, asimismo, la paralización de las importaciones procedentes de países que, como Marruecos, incumplen sistemáticamente la normativa y estándares de producción europeos. Imposición, donde no haya acuerdo vigente, de un Arancel verde que proteja a nuestro sector primario y compense el sobrecoste para nuestros productores del cumplimiento de la normativa europea.
En fin, destinar todos los recursos materiales y personales al control e inspección en frontera y persecución del fraude aduanero. El campo merece nuestro sacrificio. Ellos lo dan todo por nosotros.
