A lo mejor es que soy un exagerado y me falta objetividad o perspectiva para analizar el problema de fondo que se presenta a raíz del asunto del Banco Madrid, a lo mejor no reviste la gravedad que personalmente encuentro en sus implicaciones. En mi opinión estamos asistiendo a un drama institucional de tal gravedad que en algunos momentos me da la impresión de estar viviendo una pesadilla más propia de un país del tercer mundo que de en un Estado definido como de derecho europeo. Porque más que un tema de simple corrupción, muy grave en sí mismo, es una manifestación de un deterioro institucional que deja al descubierto una carencia de principios sin precedentes en los últimos años.
Estamos ante un caso de colaboración necesaria por parte de los máximos representantes de instituciones públicas para facilitar la implantación, comercialización y difusión de los servicios bancarios de un grupo especializado en el blanqueo de dinero y la evasión fiscal para grupos entre otros, de delincuentes comunes.
El escándalo del Banco Madrid, es mucho más que el reparto de comisiones y amparo de fondos fiscalmente opacos; el mecanismo ingeniado supone la creación de vehículo para que mafias internacionales y nacionales diversas: chinas, rusas, venezolanas, hayan capitalizado a costa de actividades en muchos casos delictivas con mayúsculas, drogas, prostitución, tráfico de seres humanos, además del clásico blanqueo objeto de la rapiña recaudatoria de ciertas familias del noreste español.
Es sin duda, para quien esté familiarizado con las prácticas bancarias ortodoxas y los principios generales que deben regir la vida pública, tanto para altos cargos de la administración del Estado como para los organismos de control que ejercen la protección ciudadana, lo más grave que ha ocurrido en muchísimos años. Es mucho más que un caso de corrupción y sus implicaciones son más graves pues afectan a la credibilidad de las instituciones mayores de un estado.
Se requiere la conjunción de numerosas instituciones públicas, privadas y personas clave para que dicho Banco pudiera desarrollar su actividad, dentro y fuera de España. El que judicialmente no pueda llegarse al fondo de la cuestión no es lo que aquí estamos planteando, hay cuestiones casi imposibles de probar en lo que se refiere al conocimiento y consentimiento de determinadas conductas. Pero hay algo objetivo: el hecho de que ha existido y se dedicaba a esa actividad y quienes fueron las personas que intervinieron para que pudiera alcanzar su existencia y operatividad es incuestionable, de buena o mala fe, para obtener un beneficio personal o ingenuamente es algo que cada uno esgrimirá según le convenga. Pero lo que es cierto es que complica a instituciones clave: Banco de España, Ministerio de Economía y CNMV, sin sus autorizaciones no hubiera sido posible.
Recuerdo, hace ya muchos años, la intervención de la policía fiscal francesa en la oficina de Paris de un importante banco de inversión americano, del cual las autoridades francesas tenían sospechas de que facilitaba inversiones en el extranjero a ciudadanos franceses, entonces había control de cambios en Europa. Fue un asalto, de repente, bloqueando todas las salidas, tomando posesión de toda la documentación e interrogando uno por uno a todos los directivos y empleados de la oficina. Nadie pudo retirar ni un dólar, se investigó a quien hubo que investigar y los demás continuaron con su actividad lícita normal, no se perjudicó a nadie. ¿Por qué no se intervino directamente y se estableció un corralito, mientras se procedía a la investigación de manera que nadie retirando dinero pusiera en riesgo la solvencia del banco? ¿Por qué se permitió que algunos particulares o sociedades (¿quiénes fueron?) sacaran millones de la institución cuando teóricamente se llevaba investigando desde abril del 2014? Demasiadas preguntas ¿quien se atreverá a tirar de la manta?
