El pasado martes leía que la Policía Nacional y los Mossos habían realizado una operación conjunta contra la peligrosa banda latina de los Trinitarios en varios puntos de Cataluña. Entre los detenidos estaba Alexander M., alias Brooking, detenido en Salou y considerado uno de los principales líderes de la banda a nivel internacional.
Otros, en cambio, fueron arrestados en sus celdas de la prisión de Can Brians, donde se encuentran ya en prisión provisional por delitos anteriores. En el dispositivo participaron más de 300 agentes, que se desplegaron en Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Esplugues, Sant Boi, Cubelles y Salou. «Lo que nos habrá costado», pensé.
Inmediatamente me vino a la cabeza el entonces alcalde de Barcelona, Joan Clos, que luego llegó a ministro de Industria con Zapatero (2006-2008). En la Generalitat todavía mandaba el primer tripartito. El de Pasqual Maragall. Una amalgama de PSC, ERC, ICV e incluso los ‘comunistas’ de EUiA. Lo digo porque la izquierda siempre ha tenido problemas con la inmigración.
En efecto, el Gobierno autonómico legalizó entonces las bandas latinas como «asociaciones con fines culturales». Lo han leído bien. Eran los comienzos de este fenómeno delictivo. Una de las consecuencias negativa, por supuesto, de la inmigración latinoamericana en este caso.
«La Generalitat ha legalizado como asociación con fines culturales a la banda juvenil de los Latin Kings de Cataluña, pandilla urbana integrada mayoritariamente por hijos de inmigrantes ecuatorianos y hasta ahora perseguida por la policía», informó entonces El Periódico.
«Las negociaciones han durado casi dos años y en ellas ha intervenido el sacerdote neoyorquino Luis Barbero, que ha contribuido a pacificar a grupos de este tipo en Estados Unidos», añadía la crónica. Quedaba pendiente la legalización de «los Ñetas, la banda rival de los Latin Kings, de origen puertorriqueño, asentada en Barcelona, que probablemente se producirá en septiembre», continuaba.
La nueva entidad, cuyos estatutos fueron aprobados por la Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas de la Generalitat, fue bautizada como Asociación Cultural de Reyes y Reinas Latinos de Cataluña.
En opinión del Gobierno autonómico, la banda latina cumplía con los requisitos exigidos tanto por la Ley de Asociaciones catalana como por la española de Asociaciones, a pesar de que esta prohibía grupos delictivos, asociaciones secretas o paramilitares.
El alcalde en funciones de Barcelona, el teniente de alcalde Jordi Portabella, de ERC, llegó a afirmar que el proceso había sido «un éxito» y con pocos precedentes en «Europa y en el mundo». Debía ser un antecedente de aquella frase que se puso de moda durante el ‘proceso’: «el món ens mira». «El mundo nos mira».
El Ayuntamiento de Barcelona había puesto en marcha en noviembre de 2004 el plan para legalizar ambas. En teoría, los Latin Kings, como los Ñetas de Barcelona, habían renunciado públicamente a la violencia. Pero les aconsejo que hagan una búsqueda en Google a ver cómo ha ido. O simplemente poner “bandas latinas” en el buscador de La Gaceta.
Hasta se abría la posibilidad de recibir subvenciones por parte del Ayuntamiento. El dirigente de Esquerra, ya desaparecido de la primera fila política, afirmó entonces que «se prevé el mismo trato que otras asociaciones». Es decir, que podían recibir en función de sus actividades. Así estamos.
