Los que tenemos cierta (avanzada) edad recordamos aquellos bares que ofrecían whisky «nacional» o «de importación». Al agua de fuego se le dedicó, incluso, un decreto preconstitucional. Ese que, el 29 de marzo de 1973, estableció una reglamentación especial para su elaboración, circulación y comercio. Hoy, la distinción, al igual que el humo que flotaba sobre nuestras cabezas en aquellos garitos, se ha disipado. La importación, en tiempos más bien ginebrinos, se impone en el mercado pletórico de bienes y servicios. Un mercado que requiere de mano de obra barata hasta en cuestiones profundamente arraigadas, casi telúricas.
Del mismo modo que ocurre en otros sectores productivos, la semana pasada vimos cómo el terrorismo callejero, que repunta, ha sido externalizado en parte. Dos han sido los episodios que pueden ilustrar esta idea. El primero nos lleva al centro de Bilbao, concretamente al parque de Doña Casilda, y al día 19 de julio. Allí, un grupo de encapuchados trataron de impedir la retransmisión en una pantalla gigante de la final del Mundial entre España y Argentina. Las imágenes que se difundieron mostraron a la popular Esther Martínez enfrentándose a unos sujetos que no parecen responder al fenotipo que más agradaba al racista Sabino Arana, fundador del PNV. Días después, unos euskocabestros agredieron a un niño por llevar la camiseta de la selección española. Mientras la policía regional investiga la identidad de los autores, en las redes se ha difundido la imagen de dos sujetos con trazas maketas. En ambos casos nos encontraríamos ante terroristas callejeros —radicales según la prensa más bobalicona— «de importación», pues el borroka pata negra debe surgir de la tierra oprimida por España.
La historia, sin embargo, nos ofrece decenas de etarras que tenían cierta mácula en sus ancestros. Un pecado original que muchos trataron de borrar incorporándose a la banda terrorista que dejó de matar cuando advirtió que sus objetivos políticos eran más accesibles desde la moqueta maketa: la del Congreso de los Diputados. Gentes que desguazaron ortográficamente sus apellidos o adoptaron imaginativos nombres bajo los que cometieron crímenes cuyo recuerdo es incómodo para el sanchismo que tanto debe a EHBildu.
Con una demografía bajísima, el indigenismo vasquista debe nutrir sus filas más violentas con sangre importada. Sangre, de la que se sabe mucho en el ambiente autodenominado abertzale, que alimenta a la Gazte Koordinadora Sozialista —Coordinadora Juvenil Socialista— o GKS, cuya actividad va en aumento desde su aparición en 2019. Convertida en la fuerza callejera más poderosa de las Vascongadas, GKS constituye el espejo en el que se miran grupos miméticos que, de manera implícita, asumen el supremacismo vasco. Antisistema, se llaman, sin darse cuenta de que en el caso vasco son puro sistema, pura herramienta al servicio del privilegio. Mano de obra que trabaja, encapuchada, a favor de la diferencia cuyo mayor exponente es el Cupo y que considera que los de Otegui se han aburguesado.
Dicho de otro modo, una alternativa terrorista, nacional o de importación, cuyo techo todavía no se conoce, que permite que la industria del secesionismo administrado siga adelante bajo lemas caducos y balances contables positivos.
