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Abogado. Columnista y analista político en radio y televisión.
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Cajeros con trampa

10 de febrero de 2022

El presidente de Correos es un hombre de confianza de Pedro Sánchez. El Gobierno tenía prevista una maniobra para los últimos días de la campaña electoral en Castilla y León —bueno, había varias en la recámara como el fin de la mascarilla en espacios exteriores— pero esta de la antigua empresa de servicio postal les ha salido más bien regular.

Uno de los grandes “temas de nuestro tiempo” es la despoblación y, más en general, el abandono de la España del interior; especialmente, de los pueblos. Poco a poco, se han ido perdiendo servicios públicos y privados. Dejaron de pasar los trenes. Los autobuses fueron escaseando. Cada vez hay menos y apenas enlazan la población con la capital de la provincia. Cerraron colegios e institutos. De los centros de salud, mejor ni hablemos. Muchísimos pueblos tienen médico sólo algunos días a la semana. Los más afortunados, tienen servicio de consulta todos los días, pero sólo por la mañana. Las tiendas acabaron echando el cierre o reduciendo el horario de atención. Las posibilidades de empleo se redujeron a medida que cerraron las empresas. El ecologismo de despacho y fin de semana hizo el resto. Se impuso un aparato administrativo y burocrático que convertía abrir, por ejemplo, una casa rural en una verdadera carrera de obstáculos. El desamparo fue acompañado de la destrucción simbólica a través de estereotipos como el del “paleto” y el “gañán”. Ausentes los jóvenes, se quedaron los mayores. En una sociedad que idolatra la juventud y desprecia la experiencia y la edad, la España rural está en desventaja. Se salvaron las capitales de provincia -allí donde hay universidades y no se han hundido por completo los servicios- pero también ellas han ido quedando encuadradas en lo que Sergio Andrés Cabello llama “La España en la que nunca pasa nada”, expresión que da título a un libro muy interesante publicado por Akal el año pasado.

Parece mentira que la administración tenga que terminar interviniendo para que un señor jubilado pueda retirar su pensión del cajero, pero así están las cosas

La última afrenta ha sido la desaparición de las oficinas bancarias y los cajeros automáticos. Las mismas entidades que recurrieron a la ayuda pública y se salvaron gracias al “rescate bancario” clausuran ahora sus oficinas en los sitios más pequeños. Mantener el local y el personal ya no sale rentable. Noten que no es un problema de pérdidas económicas, sino de aumento del beneficio. La rentabilidad se antepone a todo lo demás. Algunos ayuntamientos y diputaciones provinciales han intentado reaccionar. En un gesto de dignidad, la Diputación de Zamora y algunos ayuntamientos y mancomunidades han anunciado a su banco el cierre de sus cuentas bancarias si reduce el servicio. Algunos ayuntamientos tratan de paliar la situación fletando un autobús que lleve a los clientes periódicamente a otra localidad donde sí haya oficina bancaria. Parece mentira que la administración tenga que terminar interviniendo para que un señor jubilado pueda retirar su pensión del cajero, pero así están las cosas. 

Y ahí es donde venía la maniobra del gobierno. 

Correos anunció que instalaría miles de cajeros para facilitar a los vecinos el acceso al efectivo. Al final, parecía que alguien con capacidad de intervenir en toda España actuaba con decisión para resolver un problema. Seguramente en La Moncloa alguien pensó que era un impulso a favor del candidato del PSOE en Castilla y León. No descarto que alguien creyese, de buena fe, que estaban sirviendo a los ciudadanos. 

Con el cierre de oficinas, la desaparición de los cajeros y estas ocurrencias electoralistas se los sigue maltratando no ya como clientes, sino como ciudadanos

Pero el anuncio tiene truco. Como buen servicio bancario, la letra pequeña es decisiva. Los alcaldes empezaron a recibir unas condiciones económicas inasumibles para pueblos pequeños. El municipio tenía que ceder el espacio y pagar por el cajero algo más de 10.000 € al año (850 € al mes). En un pueblo de, digamos, 100 habitantes, eso supone unos100 euros al año por vecino. Lo denunció, por ejemplo, el alcalde de Lidón (Teruel), municipio de 56 habitantes. Correos sostiene que remunera al municipio con 0,20 € por operación (0,40 si también se contrata en servicio Correos Pay para el pago de impuestos), pero es una trampa. Pregúntense cuántas operaciones se tienen que hacer en un pueblo de, digamos, 100 habitantes para que se cubran los costes del cajero de marras. La cuenta la sacó el tuitero Pastrana. Le salían 51.000 operaciones anuales. En ese pueblo de 100 vecinos, cada uno debería ir 510 veces al año al cajero. Nótese que 100 habitantes es mucho para algunas provincias. En un pueblo medio de Teruel, observa Pastrana, viven 70 habitantes. La cuenta sube a 728 transacciones al año. Al final, para un ayuntamiento pequeño, un importe de 850 € mensuales es inasumible. 

Sin embargo, creo que la crítica ha de ser no sólo económica, sino política. La unidad nacional también es tener unos servicios mínimos. Se dice que los bancos tienen que ganar dinero. ¿Acaso no lo ganan? Es más, ¿acaso no lo ganan gracias a que millones de operaciones deben hacerse necesariamente a través de entidades bancarias? La bancarización ha sido, durante décadas, un proceso al que los ciudadanos se han visto abocados. Horarios imposibles, restricciones en la atención y exigencias de hecho o de derecho han ido reduciendo las operaciones en efectivo. Los pensionistas se ven casi obligados a cobrar en una cuenta bancaria. Su margen de decisión es casi nulo. No son realmente libres para decidir si tienen o no cuenta bancaria, pero sufren las consecuencias de unas decisiones de gestión en las que no tienen participación alguna. Con el cierre de oficinas, la desaparición de los cajeros y estas ocurrencias electoralistas se los sigue maltratando no ya como clientes, sino como ciudadanos. No es sólo un problema de gestión empresarial, sino de justicia.

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