En la mitología griega el bandido Procusto es considerado hijo de Poseidón. En los diferentes nombres que se le dieron, Procusto significa «estirador» o «cortador», operaciones quirúrgicas de las que eran involuntario objeto los viajeros que visitaban su posada y se alojaban en una alcoba en la que había una cama de hierro. Sin embargo, en lugar de los angelitos que, según decían nuestras abuelas, guardaban las cuatro esquinas de nuestros infantiles lechos, lo que Procusto tenía eran unas ligaduras con las que ataba al viajero. Si la cama era más corta, cortaba sus piernas. Si el tálamo era más largo que el visitante, las estiraba hasta ajustarlas.
El mito del lecho de Procusto ilustra a la perfección el proceder de la toga más polvorienta del camino por el que transita la España democrática pues, según publicó Miguel Ángel Pérez la pasada semana, Cándido Conde-Pumpido pretende declarar constitucional que Sánchez gobierne sin nuevos Presupuestos Generales del Estado, contraviniendo así modo el artículo 134.3 de la Constitución, que dice lo siguiente: «El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior».
Según Pérez, el presidente del Tribunal Constitucional estaría configurando un grupo de trabajo, es decir, un grupo de procustitos capaces de ajustar la Constitución de tal modo que permita a P.S. sortear esa obligación. Una exigencia reiteradas veces incumplida, pues el doctor ya ha prorrogado los Presupuestos en 2024 y 2025 y sigue, aunque ha lanzado una de sus habituales promesas, sin presentar los de este año.
El nuevo servicio que el juez trataría de ofrecer al inquilino de La Moncloa se suma a la bendición constitucional dada a la Ley de Amnistía que según numerosos testimonios redactaron los propios golpistas. Una vez bendecida en el Constitucional, hubo codazos entre los lazis para reclamar la autoría de una ley que los palmeros gubernamentales —«por la convivencia», decían, repitiendo el argumentario de Ferraz— aplaudieron con un ímpetu rayano en la luxación. En un ejercicio de cinismo, los voceros llegaron a argüir que como la Constitución no la prohibía expresamente, la ley era impecable. Olvidaban, en el caso de que lo supieran, que cuando se redactó la Carta Magna, se discutió sobre este asunto. Así fue. Raúl Morodo, diputado del Partido Socialista Popular, es decir de Enrique Tierno, promovió una enmienda al Anteproyecto de la Constitución con la intención de incluir estas líneas:
Las Cortes Generales, que representarán al pueblo español, ejercen la potestad legislativa, sin perjuicio de lo dispuesto en el título VIII, otorgan amnistías, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuyen la Constitución.
A la enmienda de Morodo le siguió la de César Lloréns Bargés, diputado por Las Palmas del Grupo Parlamentario Unión de Centro Democrático:
Se prohíben los indultos generales. Los individuales serán concedidos por el Rey, previo informe del Tribunal Supremo y del Fiscal del Reino, en los casos y por el procedimiento que las leyes establezcan. Las amnistías solo podrán ser acordadas por el Parlamento.
Por añadir más polvareda, en este caso memorística, hemos de recordar que en 1931, Luis Jiménez de Asúa, posterior presidente de la II República en el exilio, dijo lo siguiente durante el debate sobre el indulto y la amnistía en la Constitución de 1931:
El indulto general es la impunidad o el jubileo de los delitos: soltar a los lobos en medio del rebaño.
Las citas reproducidas son tan elocuentes como estériles ante un individuo tan carente de escrúpulos como Sánchez y tan útil para los muchos facciosos que mima la democracia que nos hemos dado. Al cabo, la Ley de Amnistía es tan sólo un hito más, al que vendría a sumarse esta modificación favorecedora del partido hegemónico del régimen del 78, de un proceso que, a ritmo de Decretos-Ley y de dosificadas concesiones a los secesionistas, tienen a España tan inerme como los viajeros que visitaban a Procusto.
