La obligatoriedad de la baliza V16 llega con el nuevo año y lo hace vendida como un avance inevitable, a la vanguardia y sin ningún responsable sobre la misma. Ese aparato que todos deberemos situar en la parte superior de nuestros vehículos en caso de accidente o avería. Desde las uvas, el Estado ya no quiere un triángulo sino una lucecita inteligente, geolocalizada, dependiente de red y de batería, que promete avisar a todos mientras, en la práctica, apenas se deja ver. El triángulo es barato y europeo, es común con la mayoría de países, y la baliza no se usa en ningún otro lugar.
Durante décadas nos obligaron a llevar triángulos de emergencia. Nadie los pidió con entusiasmo, pero funcionaban. No eran españoles ni digitales pero nacieron para resolver un problema muy concreto, los atropellos y accidentes secundarios. Eran visibles y simples. Sin mayor vuelta. No necesitaban cobertura, ni actualizaciones, ni contratos con operadoras privadas. No recopilaban datos. Y, sobre todo, cumplían su función. La baliza V16 ya es otra cosa. Es un cambio de modelo. Un salto de lo físico a lo electrónico sin que nadie haya explicado por qué ese salto mejora realmente la seguridad vial. Porque aquí no estamos hablando de una innovación probada y contrastada, sino de un dispositivo que, como ya se ha visto en múltiples vídeos y accidentes, no se ve bien de día, se pierde entre los intermitentes de noche y queda a una altura ridícula en curvas o cambios de rasante. Una luz intermitente que pasa inadvertida para el propio tráfico al que pretende alertar. Y todo esto por más de 30 o 40 euros por cabeza. Se recomienda además no comprar nada demasiado barato, lo que ya nos sitúa en un estándar curioso para un elemento obligatorio. Debe estar homologado. Pero ya tiene mala leche que lo que estuvo homologado en 2025 ya no lo está en 2026. Si multiplicamos ese precio medio por los más de 34 millones de vehículos asegurados en España, el resultado no es seguridad vial: es un negocio millonario del que Hacienda se lleva, sólo en IVA, un buen trozo de pastel. Unos 300 millones. Progreso, digitalización y avance, pero bien facturado.
La pregunta incómoda es quién está haciendo caja con esta obligación. Porque no se trata de una recomendación, ni de una transición suave, ni de una sustitución gratuita. Se impone por decreto, sin alternativa y sin asumir responsabilidades futuras. Si falla, si no se ve, si hay víctimas, el sistema seguirá funcionando igual: nadie dimite, nadie responde, nadie asume su parte, nadie se hace cargo, nadie devuelve el dinero. El propio gobierno se desentiende del todo y ha dejado por escrito que las balizas V16 no son un elemento sujeto a homologación de vehículos y que no le competen. Traducido: la DGT impone algo sobre lo que no tiene autoridad técnica plena. Y, para rematar, la propia Dirección General de Tráfico ha reconocido que no dispone de todos los informes obligatorios que exige la ley para implantar esta medida. Pero adelante. En España primero se obliga y luego, si acaso, se estudia.
Mientras tanto, otros países siguen usando triángulos u otros sistemas físicos. Ninguno ha apostado por este modelo hiperconectado como solución única. Aquí, en cambio, hemos decidido centralizar datos, depender de redes privadas y confiar nuestra seguridad a un dispositivo electrónico que puede fallar por batería, por cobertura o por simple mala visibilidad. A esto se suma un detalle que no es menor: médicos especialistas han advertido de que la baliza V16 puede interferir con marcapasos. No es una opinión de bar, sino la advertencia de profesionales sanitarios que señalan alteraciones en la programación de estos dispositivos vitales. Pero tampoco parece suficiente para levantar el pie del acelerador normativo.
Todo esto recuerda inevitablemente a otras decisiones brillantes, como aquella reducción de los límites de velocidad a 110 km/h en 2011, vendida como ahorro energético y retirada discretamente tres meses después. O a la obsesión por regularlo todo salvo lo esencial: el estado de las carreteras, por ejemplo, donde más del 70% presenta grietas y el deterioro obliga a consumir más combustible y aumenta el riesgo real de accidente. Quizá antes de obligarnos a comprar luces inteligentes, alguien debería reparar el asfalto. O explicar por qué se elimina una solución eficaz para imponer otra cuestionada. O, al menos, asumir responsabilidades si algo sale mal. Pero eso sería pedir demasiado. España tiene una relación casi entrañable con las decisiones inútiles elevadas a máxima. Ahí están las mascarillas obligatorias mantenidas por inercia política y retiradas sin autocrítica ni explicación. Nadie pidió perdón cuando quedó claro que aquello no había servido para frenar nada, pero sí para engordar contratos, confundir a la ciudadanía y reforzar la idea de que obedecer era más importante que pensar. De momento, la baliza obligatoria avanza, el negocio florece y el debate se obvia. Y como ya pasó con otros escándalos normalizados a base de repetición, tal vez dentro de unos años dejemos de llamarlo modernización y empecemos a referirnos a ello con otro nombre. Igual que hablamos del caso mascarillas, quizá acabemos hablando del caso balizas.
