La decisión de cerrar (ya veremos si temporalmente o ya para siempre) la estación de Metro de Sol nos pone ante la evidencia de lo que ocurre cuando las instituciones públicas deciden claudicar ante la barbarie y la sinrazón. Se cierra la estación ante el riesgo de que los usuarios puedan contraer enfermedades ya que, al parecer, se vienen filtrando al subsuelo los restos orgánicos (mejor no entrar en detalles) procedentes de los acampados en el kilómetro cero. Como ven, absoluta una maravilla. Un ejemplo de desarrollo, de civismo, de orden y de justicia, todo en uno.
Las cientos de miles de personas que pasan a diario por la estación de Metro de Sol tendrán que entender que el derecho a la okupación (inexistente) de los acampados exige que ellos cambien su itinerario para ir al trabajo o a estudiar. Tendrán que buscar combinaciones alternativas, o coger un autobús, porque los acampados han convertido la plaza en una especie de parque de atracciones cutre con piscina al aire libre, tiendas, puestos ambulantes de comida, perros, gallinas y todo tipo de objetos imaginables. Es lo que tiene la libertad.
Cuando en España existían la ley y la justicia, y los cargos públicos estaban verdaderamente expuestos al control diario de la opinión pública, una situación de okupación ilegal de una plaza pública en Madrid (ya no digamos de la más popular y conocida de todas) se resolvía en menos de veinticuatro horas. En nada afectaba la filiación ideológica o partidista del alcalde de la ciudad o del Delegado del Gobierno: se daba una orden de desalojo, y los okupas eran enviados, pacífica o violentamente, a sus respectivas casas. Ahora ya no.
El actual alcalde de Madrid, que es del PP, echa la culpa de la inacción al Delegado del Gobierno, que es del PSOE; quien, a su vez, acusa a la presidenta regional, que es también del PP; la cual hace reproches al presidente del Gobierno, que es del PSOE. Y mientras ellos se acusan, la ciudadanía tiene que dejar de pasear por sus barrios, los comerciantes de Sol empiezan a plantearse el cierre o la mudanza, y los viajeros del Metro se tienen que buscar la vida si no quieren fallecer contaminados por amoniaco procedente de los orines.
Esto es claudicar de los deberes y responsabilidades de los cargos públicos. Esto es renunciar a ejercer derechos y obligaciones. Esto es abandonar a los ciudadanos. Esto es permitir la comisión de delitos que afectan gravemente a los derechos fundamentales de las personas. Esto es, en suma, corromper la democracia y el Estado de Derecho como no ha ocurrido en España desde hace décadas. Y de esto hay básicamente dos culpables y responsables: el Partido Socialista y el Partido Popular. Da igual cuando usted lea esto.
No parece, sin embargo, que los cargos antes citados se den por aludidos. A lo más que llegan es a insultarse con denuedo en las redes sociales, para regocijo de los votantes de sus partidos. Todo seguirá, por tanto, igual. Con la Puerta del Sol llena de mierda, con los acampados bañándose sin jabón en su improvisada piscina, con los comerciantes desesperados porque no entra un cliente desde hace semanas, y con los niveles de amoniaco creciendo sin límite por la acumulación de deshechos orgánicos. Pensándolo bien, quizá una buena solución para este momento sería, sencillamente, cerrar España.