«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
Iván Vélez (Cuenca, España, 1972). Arquitecto e investigador asociado de la Fundación Gustavo Bueno. Autor, entre otros, de los libros: Sobre la Leyenda Negra, El mito de Cortés, La conquista de México, Nuestro hombre en la CIA y Torquemada. El gran inquisidor. Además de publicar artículos en la prensa española y en revistas especializadas, ha participado en congresos de Filosofía e Historia.
Iván Vélez (Cuenca, España, 1972). Arquitecto e investigador asociado de la Fundación Gustavo Bueno. Autor, entre otros, de los libros: Sobre la Leyenda Negra, El mito de Cortés, La conquista de México, Nuestro hombre en la CIA y Torquemada. El gran inquisidor. Además de publicar artículos en la prensa española y en revistas especializadas, ha participado en congresos de Filosofía e Historia.

Contra la LOMLOE y precedentes

7 de mayo de 2022

Carlos M. Madrid Casado, José Sánchez Tortosa y Sergio Vicente Burguillo son los autores y primeros firmantes del Manifiesto en defensa de la Enseñanza como bien público (contra la LOMLOE y precedentes). A sus rúbricas les siguen las de personalidades tan importantes como Gustavo Bueno Sánchez, Gabriel Albiac, Fernando Savater o Marino Pérez, coautor de un libro, Nadie nace en un cuerpo equivocado, que pone en cuestión los postulados de la teoría queer. Los abajofirmantes lo hacen alarmados por los efectos, más que evidentes, no solo de la LOMLOE, sino, y esto es probablemente lo más importante, de las precedentes leyes educativas españolas, tan efímeras como ideologizadas. Y es que este asunto, el de la ideologización de la instrucción pública, rótulo que los redactores rescatan en su escrito, preocupa especialmente, pues la experiencia ha demostrado que las sucesivas leyes han tenido un sesgo partidista que los redactores pretenden neutralizar mediante la puesta en marcha de un Consejo General de la Función Docente, integrado de eliminar la habitual hojarasca que ha venido acompañando los saberes técnicos, científicos y académicos que debe poseer cualquier sistema educativo vinculado a una sociedad política necesariamente plural. El manifiesto, en definitiva, pone el acento en la necesidad de una instrucción basada en el esfuerzo, el mérito y en la asimilación de unos contenidos despojados de elementos morales e ideológicos.

La transferencia autonómica de la educación (…) ha llevado a la fragmentación del cuerpo de docentes, pero también a la estabilización de los estudiantes

La oportunidad de la puesta en marcha de esta iniciativa es indiscutible. El periodo democrático o, por mejor decir, partitocrático, abierto en 1978, ha ofrecido las condiciones ideales para la instrumentalización del mundo educativo. La transferencia autonómica de la educación, unida al entreguismo de los partidos hegemónicos, PP y PSOE, a las sectas nacionalistas fragmentarias, a cambio de «un ratito de gloria», es decir, de permanencia en La Moncloa, ha llevado a la fragmentación del cuerpo de docentes, pero también a la estabilización de los estudiantes, impidiendo cualquier posibilidad de una educación nacional. Los efectos de todo ello son visibles: profesores convertidos en agentes políticos que, incluso, espían los juegos de los niños para ver si comenten el yerro de expresarse en la lengua de Cervantes, una tasa de fracaso escolar maquillada con altas dosis de sentimentalismo y subjetivismo, ausencia de controles efectivos de la calidad educativa, etc.

Urge (…) devolverle a la educación pública su intrínseca dimensión nacional, algo que se antoja imposible si se erradica de las aulas el idioma común

Todo ello es denunciado en un manifiesto que muestra la cruda realidad de que la educación pública española ha dejado de constituir un ascensor social capaz de garantizar la igualdad de oportunidades al margen del lugar de nacimiento o de los recursos familiares del alumno. Factores, todos ellos, que llevan a muchos padres a escolarizar a sus hijos en carísimos centros para los que, sépanlo o no aquellos que se llenan la boca con la frase escuela pública, trabajan esos ardorosos defensores de un sistema lleno de barreras internas.

Urge, por todo ello, inyectar rigor en las aulas y evitar, así reza el manifiesto, que los partidos se apropien de «un servicio público fundamental para la sociedad y sus miembros, sufragado por todos los contribuyentes», pero también garantizar a los docentes que podrán «contar con libertad para enseñar los contenidos científicos o humanísticos de su materia, sin ser correa de transmisión de la ideología de turno, y cuyo límite debe ser la Constitución y el Código Penal». Urge, en suma, devolverle a la educación pública su intrínseca dimensión nacional, algo que se antoja imposible si se erradica de las aulas el idioma común, hoy reducido a un leguleyo, que no implantado, 25% de las asignaturas en la Cataluña que nada sabe de inspectores que velen por el bien de los alumnos. 

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