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La ONG Transparencia Internacional (TI) ha presentado en Madrid su ya conocido índice mundial de percepción de la corrupción correspondiente a 2013. España ha descendido diez puestos desde el año pasado, y ocupa el lugar número 40 entre los 175 países sometidos a la encuesta. Aunque no se da una correlación exacta, en líneas generales sí existe en la percepción de los ciudadanos, mayor índice de corrupción cuanto menos se respetan los derechos y libertades civiles y los gobernantes están sometidos a menores controles. En el acto de presentación, TI ha sugerido una serie de hasta veinte medidas para combatir específicamente la opacidad en la acción política, que es la madre de todas las corrupciones.
Es bueno que organizaciones como TI pongan a una sociedad y su sistema político de convivencia frente a esta clase de espejo, pues no hay posible terapéutica sin un previo diagnóstico. Y es importante advertir que la fotografía que nos suministra el Índice de Percepción de la Corrupción no refleja a unas sociedades honradas que sufren a unos políticos más o menos corrompidos, sino más bien a unas sociedades más o menos corrompidas, de las que emanan los políticos correspondientes.
Pero si bueno es cobrar conciencia de lo mucho que tenemos que progresar, nos parece también saludable no flagelarnos sin motivo: el índice de TI no muestra la corrupción, sino la percepción que los ciudadanos tienen de ella. Esto puede significar, por ejemplo, que lo abrupto del descenso de España en el ranking mundial obedezca a que en el último año no es que se haya corrompido más la vida pública entre nosotros, sino que ha sido precisamente cuando más casos –sobre todo de personas y organismos relevantes– han emergido al conocimiento público y han ocupado más espacio en los medios de comunicación. Sin embargo, además de esta observación, es preciso añadir que también contribuye a esta percepción social el hecho de que se dé por sentado que muchos casos van a quedar impunes o poco menos.
Para combatir y prevenir más eficazmente la corrupción, TI ha sugerido medidas de mayor transparencia en los partidos políticos, cambios en el sistema electoral y otras medidas legales. Tal vez peca de cierta ingenuidad la propuesta de limitar los mandatos para ocupar cargos públicos; ciertamente esto evitaría convertir la política en un modo de vida, pero también –como es crónico en México, por ejemplo– convertiría los años tasados de servicio público en una rebatiña irrefrenable. La solución, si la hay, está como siempre en una sólida educación cívica y moral de las personas, y eso necesita al menos que transcurra una generación.
