La culpa no es de la Constitución

Hace un par de meses escribí aquí mismo que la imprescindible regeneración de nuestra democracia no requiere, a mi entender, ni una “segunda transición”, ni una reforma constitucional, ni ninguna otra iniciativa de gran calado a modo de refundación democrática, sino algo más modesto, y prácticamente inédito entre nosotros: bastaría con devolver a la Constitución de 1978 toda su virtualidad originaria, que fue pervertida apenas entró en vigor.La Constitución empezó a tener vigencia el 1979, y el primer golpe que sufrió fue a comienzos de 1980, cuando todos los partidos acordaron dar por válido el referéndum autonómico de Andalucía del 28 de febrero. Lo dispuesto era que todas las provincias tenían que aprobar el referéndum por mayoría absoluta del censo electoral, y tal cosa no ocurrió en Almería. Sin embargo, el acuerdo de los partidos para no interponer recurso de inconstitucionalidad permitió que tiempo después se subsanase –si es que este gatuperio puede llamarse subsanación– con un acuerdo parlamentario. Este atropello fue posible porque todavía no había sido provisto el flamante cargo de Defensor del Pueblo, que era la única instancia no controlada por los partidos con capacidad de recurrir. Empezamos, pues, rematadamente mal. Luego España vivió los años de plomo del terrorismo de la ETA; el PSOE corrompió el instituto de la moción de censura utilizándolo para un fin ni siquiera imaginado por el constituyente; los distintos dirigentes de la UCD gobernante presionaron a Adolfo Suárez hasta favorecer (cuando no directamente provocar) su dimisión; un grupo de militares y guardias civiles cometió un golpe de Estado frustrado, y el presidente Calvo-Sotelo dedicó el año y medio de su Gobierno a dejar a Felipe González resueltos los problemas más difíciles que se encontraría cuando ganase unas elecciones cantadas: el juicio del 23-F sentenciado, y España ingresada en la OTAN.Y tras la híper victoria socialista de octubre de 1982, empezó una tarea metódica, consciente y deliberada de desactivación de los mecanismos de control del Gobierno diseñados en la Constitución.La primera víctima fue el Tribunal Constitucional, sometido a una fortísima presión política tras una expropiación de Rumasa por decreto-ley, con una sentencia que todavía hoy mantiene arruinado el prestigio de una institución que nunca empezó a disfrutarlo. La segunda fue el Poder Judicial, cuyo órgano de Gobierno, el Consejo General, quedó en manos de los acuerdos entre partidos, aprovechando la rendija de una mala redacción del artículo 122.3. La tercera… a qué seguir.Pero los partidos, que se han quedado el país como su finca, no quieren ver ni por curiosidad cómo funcionaría la Constitución sin ser prostituida.