¿Cuándo a un dictador le ha importado lo que diga la ley para hacer o dejar de hacer su voluntad? Sino que lo diga Medardo Mairena, opositor y campesino nicaragüense, condenado a 216 años de prisión en 2019, a pesar de que la Constitución establece una pena máxima de 30 años.
Resulta más propio de un tirano apegarse a una constitución que legitime sus atrocidades y que le brinda la posibilidad de expresarse ante a la comunidad internacional con bastante más descaro y cinismo. Esta es justo la última movida del régimen Ortega-Murillo en Nicaragua: legalizar a través de tres leyes, el atropello contra los Derechos Humanos.
Este 10 de noviembre, los diputados del Frente Sandinista para la Liberación Nacional (mayoría en el congreso) aprobaron en un primer debate, la reforma constitucional que permitirá instaurar la cadena perpetua en casos considerados como “crímenes de odio”. De acuerdo con la modificación en la Constitución, la cadena perpetua se aplicaría ante “delitos graves cuando ocurran en circunstancias de odio, crueles y degradantes, humillantes e inhumanas que por su impacto causen conmoción, rechazo e indignación”.
Cuando Rosario Murillo habló por primera vez sobre este proyecto en septiembre, lo hizo maquiavélicamente, en el marco de la indignación popular por un nuevo crimen contra menores de edad en Nicaragua: el asesinato de dos niñas de 10 y 12 años y la aparente violación de una de ellas. Un claro intento para enredar a la población con relación a los objetivos de esta Ley.
Poco después, Daniel Ortega revelaría sus verdaderas intenciones con la iniciativa: criminalizar las protestas sociales, castigar a los que él llama “hijos del demonio”, en referencia a los opositores a la dictadura. A todos aquellos que desde abril del 2018 se han manifestado en contra de los abusos del régimen.
Con una desvergüenza absoluta, Ortega y Murillo pretenden “darle vuelta a la tortilla” a los hechos que dejaron más de 300 personas asesinadas, miles de heridos, centenares de detenidos y enjuiciados y una serie de delitos de lesa humanidad, todo consignado en el Informe Anual más reciente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del 2019.
Con respecto a estos atropellos, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se había referido en julio del 2020, cuando habló sobre los despliegues policiales, detenciones arbitrarias y ataques de elementos progubernamentales a las reuniones pacíficas de quienes critican al gobierno.
Pero los diputados sandinistas justificaron la aprobación de la Ley, con la recolecta de 3 millones de firmas ciudadanas en apoyo a esta iniciativa. Firmas que se habrían conseguido, supuestamente, obligando a los trabajadores del sector público a hacerlo.
No solo resulta repulsivo pensar en como el régimen podría llegar a encarcelar de por vida a ciudadanos solo por manifestarse en contra del sistema, sino que, de acuerdo con el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, la Ley como tal tiene graves problemas. Por ejemplo, hay un vacío que no indica cuando se aplicaría la misma y cuando se aplicaría la pena de prisión máxima de 30 años. Tampoco se tipifican los delitos que serían sujetos para recibir la condena, por lo que quedaría a interpretación de los jueces.
A la instauración de la cadena perpetua por “Crímenes de Odio”, se suma la “Ley de regulación de los Agentes Extranjeros” aprobada a mitad del mes de octubre. Una Ley disfrazada de proteger la soberanía nacional, pero que al final busca que ningún movimiento, organización o partido político reciba dineros del extranjero para luchar contra el régimen.
Así que las entidades que operen supervisadas por un organismo externo al país deben registrarse como “agentes extranjeros”, y no podrán intervenir en temas de política externa o interna, financiar ninguna organización, partido o alianza que realice política interna en Nicaragua.
¡Qué conveniente para Ortega, a un año de las elecciones, que sus opositores no tengan recursos para hacer campaña!
La cereza del pastel es la “Ley de Ciberdelitos” o “Ley Mordaza” aprobada a finales de octubre, la cual castiga hasta con diez años de cárcel a quienes publiquen (ya sean ciudadanos o medios de comunicación) informaciones “falsas”. Corrección: que no le gusten al régimen.
También castiga con cuatro años de prisión a quienes, por medio de sistemas informáticos, intenten obtener datos, documentos e informaciones de las instituciones del Estado, entes públicos y privados dedicados al servicio público, instituciones bancarias, entre otros.
Esto es una estocada más que recibe la prensa en este país centroamericano, en donde de acuerdo con el Informe Mensual de Violaciones a la Libertad de Prensa de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, solo en el mes de octubre del 2020 hubo 42 casos de violaciones a la libertad de expresión.
Legalizaron los crímenes. Tal parece que, con este coctel de represión en Nicaragua, el régimen Ortega-Murillo, con el aval del Poder Legislativo, allanó el terreno para seguir haciendo lo que ya venía haciendo, ahora con la tranquilidad de estar respetando la Constitución Política y las leyes del país, en sus versiones más retorcidas.
