La reforma del sector eléctrico sigue su tumultuoso paso. El RDL de medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico publicado en verano ha dado paso a una profusa legislación que ha puesto patas arriba el sector eléctrico a la espera de culminar la reforma con la nueva Ley del Sector Eléctrico, que debiera aprobarse este mes. El objetivo: reducir el déficit de tarifa y garantizar la suficiencia económica del sistema, a través de recortes en la retribución de todos los agentes del sector eléctrico y de subir la tarifa a los consumidores.
La reforma preveía que el Ministerio de Hacienda vía PGE, iba a asumir del déficit la cantidad de 900 millones. Pues bien, meses después, el Ministerio de Hacienda ha salido del plan original y ha dicho que retirará los 3.600 millones de euros de la reforma eléctrica destinados a cubrir parte del déficit. El titular de Hacienda, Montoro, en el último momento ha hecho una larga cambiada al ministro Soria, se ha apeado del tren y con un “donde dije digo, digo Diego”, ha dejado al titular de Industria, (des-)compuesto y sin novia y sin Ministerio de Hacienda para financiar parte de la Reforma. Soria se ha quedado solo en el laberinto eléctrico. Montoro no quiere comprometer el objetivo de déficit público de 6,5 por ciento para este año. Al tiempo, el PP se ha apresurado a enviar al Senado varias enmiendas a la futura Ley del Sector Eléctrico, para dar cobertura legal a este cambio de planes. Ya se sabe que para evitar que la retirada de financiación pública se traslade al consumidor se reconocerá un nuevo déficit que pagarán los consumidores durante los próximos 15 años. A día de hoy el Gobierno está haciendo ingeniería contable para que el déficit de tarifa no compute como déficit público. El anhelo de que el déficit de tarifa acabe este año como quería el Soria se ha pospuesto para tiempos mejores.
Quizá estamos pagando el uso de los Gobiernos de distintos signos de usar la bajada de los peajes de acceso como elemento populista o herramienta electoral. Quizá estamos pagando otras decisiones del pasado: dar subvenciones desproporcionadas y de modo indiscriminado a las energías renovables sin tener en cuenta su rentabilidad ni su maduración tecnológica o el querer posicionarnos como los más verdes de Europa a una velocidad desmedida. Ahora duele vernos excluidos de las grandes obras de energía europeas, a pesar de que necesitamos la interconexión con Francia. Duele ver que nuestras empresas renovables están innovando en tecnología que no podrá ser instalada en España y, sobre todo, que aun teniendo la luz más cara de toda la Europa continental las cuentas no salgan.
Pero lo más alarmante es que la reforma está adquiriendo tintes de folletín y la futura retribución a las renovables resulta inverosímil.. Soria encargó a Roland Berger y Boston, sin publicidad ni concurrencia, fijar la retribución futura de las renovables y parece ser que se han fijado unas mil tarifas diferentes para las 55.000 instalaciones de renovables, una auténtica torre de Babel.
Estos cambios normativos y de parecer están haciendo estragos en la economía real de las empresas y de los ciudadanos. Las consecuencias se amontonan: Goldman Sachs rebaja su valoración de todo el sector eléctrico español; el número de empresas en concurso de acreedores en el sector energético ascendió hasta septiembre a 37, superando ya el máximo anual de 25 registrado en 2011. Desde Europa, Vidal- Quadras, vicepresidente del Parlamento Europeo, llamó la atención por carta al secretario de Estado de Energía, Álvaro Nadal, sobre la política energética del Gobierno. El Consejo de Estado ya dijo que “el riesgo regulatorio manifestado en los continuos cambios del régimen especial produce un efecto desincentivador de las inversiones” y el TS podría dictar una sentencia o un auto contra la orden de peajes, en respuesta a los recursos presentados en cualquier momento, que dé en plena línea de flotación de la reforma del Gobierno.
Realmente, todo el sistema eléctrico cada vez más se está asemejando a una torre de Babel donde los ministros, Soria y Montoro, parecen hablar en lenguas diferentes entre ellos y, desde luego, con los agentes del sector eléctrico. Ahora lo imprescindible es que haya luz al final del túnel, en un país como España en el que la dependencia energética española se situó en 2012 en el 73,8% de la energía primaria, esto es 20 puntos porcentuales superior a la media de la UE (53,9%). Por tanto, la necesidad de atraer inversiones es clave y sólo se logra con un marco normativo estable. Aún queda pendiente que se apruebe este mes la ley del sector eléctrico, ya que el Gobierno quería que desplegase efectos el 1 de enero de 2014. ¿Se publicará un sábado como el RDL9/2013 o en un festivo navideño? ¿Cuánto durará su vacatio legis? ¿Se acabará el déficit en 2014 tal como prometió el Gobierno? ¿Habrá luz al final del laberinto? Estos días parece que Montoro y las eléctricas han sellado un pacto por el que las compañías se comprometen a retirar los recursos presentados ante el Tribunal Supremo y a cambio el ministro se compromete a otorgarles el aval del Estado a los 3.600 millones de deuda de 2013. Mientras, lee uno estos días que Endesa –que lleva en el Ibex 35 desde su nacimiento, en 1989– corre el peligro de abandonarlo o que estamos desandando lo hecho en el sector renovable español, mientras Reino Unido se sitúa como el 4º país más atractivo del mundo en el sector de las renovables y que no deja de atraer inversión extranjera y uno no puede evitar pensar que lo mejor siempre es lo que se queda por decir.
*Pablo Toral Oropesa es socio del despacho Cremades & Calvo Sotelo.
