Se ha repetido hasta la saciedad que el sistema educativo español es altamente insatisfactorio y que sus resultados, tal como revelan reiteradamente las evaluaciones internacionales solventes, distan de corresponder a lo que necesita un país occidental avanzado para preparar a sus ciudadanos y a sus empresas para tener éxito en un mundo global fuertemente competitivo. Si las sociedades capaces de proporcionar a sus integrantes prosperidad, seguridad y dignidad, han de ser, además de sociedades abiertas, sociedades del conocimiento, España, por desgracia, no ha encontrado todavía el camino correcto para conseguir tales objetivos. Nuestras instituciones han experimentado a lo largo de las últimas tres décadas un serio deterioro por su politización partidista, su fragmentación territorial y su elevado nivel de corrupción, mientras que nuestras escuelas primarias y secundarias, así como nuestras universidades, se han ido hundiendo progresivamente en un piélago de fracaso escolar, abandono temprano de las aulas y falta de calidad de los docentes, que suscita general desaliento.
En este decepcionante contexto, Ciudadanos ha presentado su programa de educación, que tiene como primeros y relevantes méritos el reconocimiento sincero del problema, la propuesta de un gran pacto nacional para afrontarlo y la declaración de que esta cuestión ha de ser una de las máximas prioridades de la política social y económica de cualquier Gobierno que se precie. El modelo educativo español igualitario, sindicalizado, ideologizado, permisivo, falto de exigencia y de búsqueda de la excelencia y caótico por la dispersión de competencias autonómica, es un desastre sin paliativos en el que las honrosas excepciones resaltan el sombrío panorama del conjunto.
A partir de esta constatación, las recetas pueden ser múltiples, pero otra virtud del planteamiento de Albert Rivera y su equipo de asesores en esta materia es que, lejos de reinventar la rueda o aplicar esquemas dogmáticos, acuden a las experiencias reales que ya existen en otras latitudes y que han demostrado su eficacia. Por supuesto, desde una perspectiva netamente liberal se puede acusar al programa educativo de Ciudadanos de un excesivo escoramiento hacia el control del Estado y el laicismo militante en detrimento del principio constitucional de libertad de educación, pero no se debe olvidar que la formación anaranjada busca un equilibrio pragmático entre iniciativa individual e intervencionismo solidario y que uno de sus caballos de batalla, bastante razonable por otra parte, es que la igualdad de oportunidades, que no de resultados, ha de tener como indispensable premisa una educación suficiente al alcance de todos sin discriminaciones por renta u origen social.
En el campo de las medidas concretas, todo es discutible y mejorable, y por eso auspician un ambicioso acuerdo que trascienda una o dos legislaturas y abarque una entera generación. Ahora bien, su insistencia en una adecuada preparación del profesorado, una carrera docente dotada de incentivos, una más amplia autonomía y una evaluación periódica de los centros, acompañadas de una sana competencia entre éstos, son líneas directrices que pocos podrán discutir como aconsejables.
Bienvenida sea, pues, esta nueva contribución de Ciudadanos al debate de los temas cruciales de alcance general que han de situarse en el núcleo de la campaña electoral que tendrá lugar a final de este año. Ojalá el resto de opciones ofrecidas al votante mostrasen el mismo empeño de sensatez, claridad y concreción que lleva practicando Ciudadanos desde que emergió como alternativa de ámbito nacional en el convulso escenario de nuestra declinante y descuadernada partitocracia.
