Hace ya unos cuantos años, el filósofo francés de origen judío Alain Finkielkraut explicó que el antirracismo se había convertido en la ideología de las clases privilegiadas en Occidente y, en consecuencia, en una nueva forma de oprimir a las clases desposeídas. A Finkielkraut le cayó la del pulpo por aquello. De hecho, empezó a convertirse en alguien infrecuentable para la «biempensancia» progresista, y en ese estatuto sigue hoy. Mientras Finkielkraut escribía aquello, y sin él saberlo, las clases privilegiadas del Reino Unido de la Gran Bretaña estaban dando un perfecto ejemplo de ese antirracismo de casta con el horrendo asunto de la red de violadores de Rotherham, que ha llevado a la clase política de ese país a un nivel de ignominia absolutamente inimaginable. Todos pringados. Todos podridos. Todos culpables.
Como ya todo el mundo sabe o debería saber, las elites políticas, mediáticas, judiciales y policiales de Gran Bretaña ocultaron durante años y años los crímenes de una red de ciudadanos extranjeros, mayoritariamente pakistaníes, que había montado una trama de explotación sexual de menores, en especial niñas, y cuyas víctimas suman decenas de miles. No ocultaron todo eso por tolerancia hacia el delito, sino, específicamente, porque los criminales eran pakistaníes y ante todo se trataba de prevenir el racismo. El caso ha vuelto a saltar ahora porque se ha hecho eco de él Elon Musk, a raíz del encarcelamiento del activista Tommy Robinson, que fue el único que, en su día, se atrevió a hacer un documental sobre este horror. En España, sólo Gaceta informó sobre el asunto y sólo El Toro TV (en la época, aún Intereconomía) lo contó. Todos los demás, callados. Y por lo mismo: para no parecer «racistas». Todos pringados. Todos podridos. Todos culpables.
El escándalo ha cobrado unas dimensiones salvajes a medida que nos hemos ido enterando de nuevos detalles. Por ejemplo, el caso de esa niña drogada, violada, asesinada y cuyo cuerpo fue convertido en carne de kebab. Lo peor, lo infinitamente grave, lo imperdonable, es que las elites sabían lo que estaba pasando. Lo sabía la policía, que recibió instrucciones de hacer la vista gorda para no fomentar el racismo. Lo sabía la Justicia, que se abstuvo de intervenir por la misma razón, y cuya inactividad cómplice sacude de lleno al actual primer ministro, Keir Starmer, que en la época era fiscal general. Lo sabía el Gobierno, cuyo jefe entonces, el también laborista Gordon Brown (el mejor aliado, por cierto, de Zapatero), dictó expresamente instrucciones para que la policía estuviera quieta… no fuera a «fomentar el racismo». En un alarde de desvergüenza que en otros tiempos habría merecido la horca, Brown explicó a la policía que esas chicas, al fin y al cabo, habían «elegido ese estilo de vida». Cuanta más información aparece, mayor es el número de políticos, jueces y policías implicados. Y medios, por supuesto: también los medios, hasta el punto de que la BBC dedicó en su momento un reportaje a descalificar todas esas informaciones como «bulos». Todos pringados. Todos podridos. Todos culpables.
Es difícil imaginar un ejemplo más extremo de un poder que actúa contra su propio pueblo. Y es sumamente importante el argumento utilizado, ese del «antirracismo», porque demuestra hasta qué punto el moralismo del poder, en la Europa actual, no es otra cosa que un abominable ejercicio de hipocresía, una retorcida manera de instilar sentimiento de culpa en el pueblo para neutralizarlo. ¿Cuántos años llevan obligándonos a aceptar oleadas de población extranjera y rompiendo la cohesión de nuestras sociedades con el argumento de que oponerse sería «racista»? ¿Veinte? ¿Treinta? El racismo mata, venían a decirnos. Bien, es verdad. Pero ahora sabemos que el «antirracismo» institucional también mata (y secuestra y viola) y que ellos, políticos, jueces, policías, periodistas, etc., se han confabulado para ocultar el crimen.
Todos pringados. Todos podridos. Todos culpables.
