Para entender la naturaleza y magnitud de la crisis político-institucional que está teniendo lugar en Bolivia actualmente, debemos retroceder un poco en el tiempo y trasladarnos a noviembre de 2019, cuando Evo Morales renunció a la presidencia del Estado.
Pero, ¿por qué renunció Morales y su vicepresidente Álvaro García Linera? Porque quedó en evidencia el colosal fraude electoral perpetrado por el oficialista partido MAS con apoyo de la entonces presidente del Tribunal Supremo Electoral, la camarada María Eugenia Choque Quispe. Más tarde, la propia OEA en su informe titulado ‘Análisis de integridad electoral. Elecciones Generales en el Estado Plurinacional de Bolivia’, fechado el 20 de octubre de 2019 confirmaba el timo: «Es posible afirmar que ha habido una serie de operaciones dolosas encaminadas a alterar la voluntad expresada en las urnas.” En crudo: Morales y el MAS robaron la elección y el triunfo a Carlos Mesa.
Morales se ha empeñado en castigar y liquidar a todos sus adversarios políticos
Todo ello llevó a espontáneas, ‘policlasistas’ y masivas manifestaciones populares en las principales ciudades del país. Luego se unieron la Policía y las Fuerzas Armadas, con el coro unánime: “Evo de nuevo, ¡’guevo’ carajo! Lo cual conllevó a una cascada de renuncias comenzando por el propio Morales. También lo hizo la presidente del Senado, la masista Adriana Salvatierra, cuya dimisión abrió el camino para que la vicepresidente de la Cámara de Senadores Jeanine Áñez, asumiera el cargo de Máxima Magistrada de la nación de conformidad con la línea sucesoria según la Constitución boliviana.
Sin embargo, en una franca cacería de brujas y bajo una abiertamente torcida aplicación del derecho, con total divorcio tanto de la realidad como de las fuentes documentales, Morales se ha empeñado en castigar y liquidar a todos sus adversarios políticos, llevando a prisión a la expresidente Áñez, así como a los patrióticos y altos oficiales profesionales que defendieron Bolivia durante el intento de golpe de Estado de Morales mediante el fraude electoral de 2019. Además de arremeter contra Luís Almagro, presentando una queja contra éste en el seno de la OEA.
De vuelta a Bolivia, la situación ha escalado a tal extremo, que Áñez envió una carta dirigida a la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, la camarada y buena amiga de Morales, Michelle Bachelet, solicitando una audiencia para su hijo a los efectos que presente toda la documentación de rigor a este órgano con el propósito de que interceda en su caso. La respuesta de la camarada Bachelet no pudo ser otra: simplemente ni se dignó a responder, lo hizo en su lugar Alicia Londoño, Jefa de la Sección de las Américas de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
En síntesis, se trata de la restauración de la narco-tiranía-neocomunista en Bolivia bajo la égida de Morales
Áñez, quien simplemente cumplió con su deber constitucional y asumió la presidencia de Bolivia en medio de una crisis histórica, ha sido tratada como una delincuente común, encarcelada en el penal de Miraflores en La Paz, donde intentó suicidarse. Tras recuperarse de su frustrado intento de suicidio, se le permitió acudir a un centro de asistencia para un examen neurofisiológico y allí hizo una dura declaración a los medios: “Ya no quiero vivir. Mis hijos necesitan hacer su vida”.
Englobando la situación de Áñez al contexto político-institucional y social, lo que está teniendo lugar en Bolivia es la instauración de un régimen autoritario con una profunda carga vengativa e ideológicamente radicalizado en la izquierda que busca la total liquidación de la oposición en el país. Al mismo tiempo, Morales es el gran ordenador político, judicial y criminal del país, quedando Arce como un mero encargado administrativo. En síntesis, se trata de la restauración de la narco-tiranía-neocomunista en Bolivia bajo la égida de Morales.
