Esta semana hemos vivido un paso más hacia la degradación de la democracia en Iberoamérica. De un lado, presenciamos un golpe de Estado en tentativa perpetrado por el ex Presidente de Perú, Pedro Castillo. El pasado miércoles, el mandatario andino publicaba un vídeo que dio la vuelta al mundo. En un mensaje de aproximadamente diez minutos, un tembloroso Pedro Castillo acusaba al Congreso de ser un enemigo de la democracia por hacer precisamente lo que se le encomienda: Controlar al Ejecutivo y limitar sus acciones. En una intervención sin duda autoritaria, Castillo anunció la supresión y disolución del legislativo peruano, la limitación de las libertades civiles estableciendo el toque de queda y la captura del Poder Judicial a través de lo que denominó una «reorganización». Afortunadamente, los ciudadanos peruanos y las instituciones reaccionaron con rapidez ante el abuso, deteniendo al Presidente y eliminando la amenaza que el mismo representa para la supervivencia de la democracia en el citado país.
La agenda que se observa en Perú y en España -con matices- es la misma que hemos visto en Chile: se busca un cambio de régimen
Por otro lado, pero siempre en el mundo iberoamericano, ésta ha sido una mala semana para España. Pedro Sánchez trabaja activamente con sus socios podemitas y separatistas para reformar los delitos de sedición y malversación. Al mismo tiempo, el Ejecutivo español afronta la captura del Poder Judicial a través de la reforma del Consejo General del Poder Judicial y la conformación del Tribunal Constitucional. En el fondo y a pesar de la torpeza mostrada por el presidente en el caso peruano, la dinámica guarda ciertas similitudes. Los gobiernos controlados por la izquierda desean concentrar poder en el Ejecutivo, anulando con ello tanto al Poder Legislativo como al Poder Judicial. La agenda que se observa en Perú y en España -con matices- es la misma que hemos visto en Chile: se busca un cambio de régimen…
Viendo lo visto, la esperanza debe descansar en la sociedad. Queda claro que aunque las instituciones importan y a veces son vitales para la defensa del orden liberal democrático, es en última instancia la sociedad la que debe defender el sistema de libertades que nos protege frente a la arbitrariedad de la política y de los políticos. Y es ahí donde como españoles, debemos cuando menos estar preocupados. En Perú, fue la gente la que rápidamente tomó las calles siendo consciente de la amenaza que representaba para su vida cotidiana las palabras del ex Presidente Castillo. Sin embargo, en España parece que la sociedad civil está dormida, siendo incapaz de valorar aquello que está en riesgo. Y es que después de todo lo que ha vivido nuestro país bajo este Gobierno, queda claro que no debemos dar por sentado la viabilidad y supervivencia en el tiempo de nuestra estructura de libertades. Defender la misma es tarea prioritaria de los grupos políticos, sin duda, pero también de los españoles de bien que desean entregar a sus hijos un país mejor y con futuro.
Las instituciones controlan el poder, pero necesitan de personas convencidas y comprometidas con su defensa. Personas que estén dispuestas a jugársela
Thomas Jefferson señalaba que la «eterna vigilancia es el precio de la libertad». No hay más ingredientes. Douglas North, Premio Nobel de Economía, definía las instituciones como límites, normas o pautas de conducta que regulan la interacción entre individuos. Las instituciones controlan el poder, pero necesitan de personas convencidas y comprometidas con su defensa. Personas que estén dispuestas a jugársela. Por ello, no basta con tener buenas instituciones, se necesita una sociedad civil activa, consciente de sus libertades y como hemos señalado líneas atrás, dispuesta a defenderlas. Eso es lo que salvado momentáneamente la situación en Perú. También en Chile, cuando el pasado 4 de septiembre la población dijo no al proyecto constitucional emanado de una Asamblea Constituyente capturada por la izquierda radical. ¿Qué pasará en España? ¿Seguiremos dormidos ante los atropellos de este Gobierno?
