El pasado martes, el Parlamento Europeo aceptó por 400 votos a favor, 248 en contra y 45 abstenciones levantar la inmunidad a los eurodiputados españoles Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí. Como resultado de la votación, la euroorden que pide la entrega de los citados se ha reactivado, reabriendo la posibilidad de que el trío comparezca ante un juez español para responder por los graves y reiterados actos lesivos cometidos contra su nación: la española, por supuesto. En el caso de Puigdemont y Comín, el fin de la inmunidad devuelve el caso a los tribunales belgas, que tendrán que replantearse el reconocimiento de los españoles, mientras que en el de la Ponsatí, dado que el suelo unionista ha desaparecido bajo sus pies en virtud del Brexit, la decisión judicial tendrá un evidente sesgo político que, en última instancia, dependerá del Gobierno británico.
Después de disfrutar de esa suerte de recreo durante el cual el septeto se desahogó lanzando todo tipo de insultos y descalificaciones a su nación, España, los reclusos vuelven a gozar de las bondades del sistema penitenciario español
A este revés formal -cabe pensar que Bélgica no va a entregar a los fugados- para la causa lazi ha de sumarse la revocación del tercer grado concedido por la Generalidad a los golpistas Junqueras, Sánchez, Turull, Rull, Forn, Cuixart y Romeva para que pudieran participar en la campaña electoral autonómica. Después de disfrutar de esa suerte de recreo durante el cual el septeto se desahogó lanzando todo tipo de insultos y descalificaciones a su nación, España, los reclusos vuelven a gozar de las bondades del sistema penitenciario español, consagrado a la reinserción de los delincuentes.
Como era previsible, Unidas Podemos, que en el Parlamento Europeo votó lo mismo que EH Bildu, PNV, ERC, se dolió de estas decisiones, pues no en vano, Iglesias Turrión, Vicepresidente del Gobierno ansioso por sentarse en la mesa de diálogo -entiéndase de sedición-, sigue sosteniendo que en España hay presos políticos y exiliados.
Las noticias judiciales han hecho envejecer a gran velocidad la visita de Felipe VI a la ciudad de la que es conde. Durante la misma, las autoridades locales, a despecho del célebre seny del que tanto se precian, faltaron una vez más a las más elementales normas protocolarias, dando la espalda al paso del Rey de España por uno de los pilares -naturalmente franquista- de la actual Cataluña: la Sociedad Española de Automóviles de Turismo, hoy en manos de la muy europea pero aún más alemana, Volkswagen.
Si la fugaz visita del Rey a Barcelona se diluyó con rapidez, aún más volátil, en sentido mediático, fue el acto organizado por Fomento del Trabajo Nacional, -entiéndase, de Cataluña-, en el cual la organización empresarial condenó los actos vandálicos desatados tras el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél. En la Estación del Norte, la patronal hizo público un manifiesto titulado Basta ya, centrémonos en la recuperación, en el que, sin ocultar su catalanismo, pues en todo momento circunscribe su acción y preocupación a una Cataluña que denomina «país», que no «nación», incluía este párrafo:
Requerimos al Gobierno de España que, siguiendo el ejemplo del resto de países de la Unión Europea, instrumente y conceda, de forma inmediata, 50.000 millones de euros de ayudas directas a las empresas, a los autónomos y a los sectores más afectados por la pandemia para salvaguardar la actividad económica, los puestos de trabajo y la cohesión social.
El manifiesto (…) es sintomático de la preocupación que empieza a cundir en las filas del empresariado catalán
Una petición puramente egoísta que convierte al Gobierno de España, vocablo empleado únicamente en esta ocasión, en un mero conseguidor y distribuidor de fondos europeos. Un detenido análisis del escrito ofrece, no obstante, otras claves. Si la palabra «España» aparece en una ocasión, los términos «nación» o «nacional», que la organización lleva en su nombre, no figuran en el texto, siendo el adjetivo «internacional» el que más se le aproxima, ligado a la difusión y la proyección de las cosas de Cataluña. El manifiesto, redactado con la cautela que requieren estos documentos, es sintomático de la preocupación que empieza a cundir en las filas del empresariado catalán, caracterizado por su silencio cuando la presión –apreteu– ejercida desde las instituciones políticas y las calles, parecía ofrecer réditos. En la Cataluña asolada por los desórdenes callejeros que han espantado al turista, la preocupación excede a los firmantes del manifiesto y recuerda, salvando las distancias históricas, épocas pretéritas. Nos estamos refiriendo, como el lector habrá adivinado, al proceso culminado en 1936, cuando en el convulso contexto marcado por la Gran Depresión, Cambó, cuyo apellido sirvió para denominar un arancel proteccionista todavía añorado por los herederos de sus beneficiarios, se puso de parte de Franco cuando la violencia anarquista, a pesar de la Dictadura de Primo de Rivera fraguada en Cataluña, se hizo insostenible.
Sobre el fondo de la grave crisis coronavírica se pasea el pragmático espectro de Cambó, reclamando orden, estabilidad y una protección que hoy no procede de los restos del Imperio español, de aquellas provincias de ultramar que dieron ingentes dividendos a una Cataluña opuesta no ya a la independencia, sino incluso a la autonomía de las mismas. Hoy es de otra estructura imperial, la Europa reconstruida durante la Guerra Fría, de la que Alemania y Francia tanto se han beneficiado, de donde se pretende extraer la energía financiera necesaria para mantener el secular privilegio catalán, objetivo para el cual, los abajofirmantes no tendrán reparos en ofrecer, si la ocasión lo requiere, las más destacadas cabezas golpistas. Al cabo, se trata de mantener vigente el viejo dicho que asegura que Barcelona -exenta de vándalos, añadimos nosotros- es bona si la bossa sona.
