El pasado sábado me conecté a La Gaceta como tantas otras mañanas y vi al portavoz de Vivienda de VOX, Carlos Quero, abriendo el periódico. «Todos los problemas de España se entienden a partir de la inmigración masiva», afirmaba. Mi reacción fue inmediata: el puñetero tiene razón.
No era la primera vez que le escuchaba algo así. El pasado 25 de julio, en una entrevista con Vicente Gil para La Antorcha de OkDiario, Quero expuso una verdad tan simple como aplastante: «En España, en las últimas décadas, han pasado dos cosas: no se ha construido y cada vez hay más personas viviendo».
«No me cabe en la cabeza —añadía— que si cada vez hay menos casas y hay más personas, haya quien crea que traer a más gente no agrava el problema de la vivienda».
Es difícil rebatir una lógica tan elemental. Sólo en Cataluña han llegado más de dos millones de personas en las últimas décadas. En algún sitio tienen que vivir. Incluso cuando lo hacen de manera ilegal, porque la ocupación también retrae la oferta y tensiona aún más el mercado inmobiliario.
El 30 de marzo escuché unas declaraciones en la misma línea de la diputada de VOX por Barcelona, Carina Mejías, en la plaza Sant Jaume. «La ocupación está afectando también al mercado del alquiler», advertía. «Cuando se dice que no hay suficiente vivienda en España, no se explica que muchas están ocupadas ilegalmente». Otra verdad como un templo.
Mientras tanto, Junts presume ahora de haber reactivado la ley contra la multirreincidencia, bloqueada durante dos años en el Congreso. Un problema enquistado desde hace tiempo. La solución es evidente: a los multirreincidentes hay que encerrarlos y, tras cumplir condena, expulsarlos si son extranjeros.
También sacan pecho porque el Estado pagará compensaciones a los propietarios afectados por los llamados «inquiokupas». Es decir, arrendatarios que han dejado de pagar. Lo que habría que hacer no es subvencionar el abuso, sino desahuciarlo. Ayudar al infractor nunca ha sido una política sensata.
Pocos días antes de las declaraciones de Mejías, el 19 de marzo, compareció en el Parlament la consejera de Territorio y portavoz del Govern catalán para abordar el caos crónico de Rodalies. Deslizó una frase reveladora: «Tenemos unas infraestructuras pensadas para seis millones de personas; hoy somos más de ocho y vamos camino de diez».
Traducción: la inmigración también colapsa Cercanías. No sólo por el aumento de usuarios, sino por el deterioro de la convivencia. Basta subir a un tren para comprobarlo: pies sobre los asientos, colarse sin billete, actitudes de absoluto desprecio por lo común. Me duele decirlo, pero la mayoría son extranjeros, aunque también haya autóctonos maleducados.
Recuerdo una inspección en la que revisores y vigilantes intentaban pillar a quienes viajaban sin pagar. Calculé que uno de cada cuatro no llevaba billete. Si todos pagaran, quizá los precios serían más bajos o, al menos, no se generaría el déficit estructural que luego justifica subidas y recortes. Donde el impacto es más profundo es en la convivencia diaria. Hace años visité el barrio magrebí de Ca n’Anglada, en Terrassa, bien conocido por Alicia Tomás, entonces candidata de VOX a la alcaldía. Cada vez que va necesita escolta policial.
Recuerdo que, tras aparcar en un parking subterráneo, pregunté a una vecina cómo se vivía allí. Me dijo que era del barrio de toda la vida, pero que, si pudiera, se marcharía. Me contó que un día sorprendió a unos vecinos sacrificando un cordero sobre el capó de su coche. Cuando protestó, le dijeron que no se preocupara, que luego le darían un trozo.
Y finalmente está la inseguridad. Es de puro sentido común: si alguien entra sin papeles y no encuentra trabajo, de algo tiene que vivir. Se empieza por el pequeño hurto y se acaba, muchas veces, en delitos más graves. No es una cuestión de regularizar después, sino de reconocer que las fronteras españolas son un coladero.
VOX fue la primera fuerza política en denunciar en 2021 que más de la mitad de los presos en las cárceles catalanas eran extranjeros. Cada vez que lo decían, eran silenciados desde la presidencia del Parlament. Lo hicieron Laura Borràs, Alba Vergés, Anna Erra y ahora Josep Rull. Y eso que eran datos oficiales del Departamento de Justicia, obtenidos por respuesta parlamentaria. En agosto de 2020, la Guardia Urbana de Barcelona reveló que casi el 88% de los detenidos eran inmigrantes, frente a un 12% de españoles. Otro tabú.
Por eso, cuando Carlos Quero no exagera cuando afirma que todos los problemas de España se entienden a partir de la inmigración masiva. Describe, con crudeza, una realidad que demasiados se empeñan en negar.
