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Abogado. Columnista y analista político en radio y televisión.
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El recuerdo de la persecución religiosa

15 de octubre de 2022

Entre 1931 y 1939, la Iglesia católica sufrió en España una persecución despiadada a manos de las autoridades de la II República. La fase más virulenta fue la comprendida entre 1936 y 1939, durante el gobierno del Frente Popular y los años de la Guerra Civil, pero hubo un camino que condujo hasta los fusilamientos y las fosas comunes, los “paseos” y las checas, los robos y las profanaciones. La II República entró en la historia de España con incendios de iglesias y conventos. Casi un siglo antes se había perpetrado en Madrid la espantosa matanza de frailes de 1834, que se desató después de que se hiciese correr el rumor de que los religiosos envenenaban el agua de las fuentes. La turba mató a más de setenta hermanos. Toda la historia de España desde el siglo XVIII podría analizarse a la luz de los intentos de destruir a la Iglesia católica.

la Iglesia resistió. Miles de cristianos fueron al martirio. Los templos se reconstruyeron. Los cementerios se repararon.

Sin embargo, la Iglesia resistió. Miles de cristianos fueron al martirio. Los templos se reconstruyeron. Los cementerios se repararon. No obstante, fue imposible recuperar todo el patrimonio que comunistas, socialistas y anarquistas destruyeron o robaron. Se predicó el perdón y la reconciliación. Entre 1939 y 1975, el papel de la Iglesia fue fundamental para la concordia. Iniciativas como las Conversaciones Católicas de Gredos y la labor intelectual de círculos como el Grupo Tácito crearon las condiciones para un futuro de vida en común. Muchos de quienes trabajaban en pro de la paz y el perdón -quizás todos ellos- habían sufrido la persecución, habían luchado en la guerra o habían perdido familiares y amigos a manos del régimen republicano. Recuerdo ahora, como ejemplo, al beato Luis Campos Górriz (1905-1936), abogado, secretario nacional de la Asociación Católica de Propagandistas, asesinado en Paterna el 28 de noviembre de 1936 por sus actividades pastorales.

Los gobiernos del Partido Popular no la derogaron, sino que trataron de ganarse el favor de la izquierda conservando su legado ideológico

Los intentos de reescribir la historia de la II República y la Guerra Civil se remontan a la posguerra, pero sólo fructificaron a partir de 2004. Desde su llegada al poder, el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero se empeñó en dictar la historia y la memoria. La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura (así se llama la norma), fue uno de los instrumentos empleados para construir un relato ajeno a los hechos, pero propicio a su ideología. Los gobiernos del Partido Popular no la derogaron, sino que trataron de ganarse el favor de la izquierda conservando su legado ideológico.

Ahora, asistimos a verdaderas injusticias y evidentes atropellos. Recuerdo cómo, en Aguilar de la Frontera (Córdoba), el Ayuntamiento retiró en 2021 la cruz del Llanito de las Descalzas a pesar de la oposición de los vecinos y la arrojó a un vertedero de basura y escombros. Ahora, en Barbastro, diócesis donde el régimen de la República mató al 84% del clero, las formaciones de izquierda Cambiar y Barbastro en Común han instado la retirada de la placa a los muertos durante la persecución religiosa que luce en su fachada la iglesia de San Francisco de Asís.

Habrá que levantar de nuevo las cruces y restaurar las placas que testimonian lo que la II República hizo.

Así, preservar la memoria se ha convertido en un deber y un empeño. Algún día habrá que reponer y reconstruir todo lo que tratan de derribar y eliminar del recuerdo. Afortunadamente, se conservan planos, fotografías, grabaciones y otros documentos. Habrá que levantar de nuevo las cruces y restaurar las placas que testimonian lo que la II República hizo. Defender la historia, afirmar los hechos y preservar su recuerdo es hoy parte de la guerra cultural que vivimos. Desde su mismo origen hasta nuestro tiempo, los enemigos de España han retomado todos los tópicos de la Leyenda Negra -incluido, naturalmente, el odio a la Iglesia- y los han reformulado. Son moneda común los intentos de deslegitimarla, estigmatizarla y lanzar contra ella, como en 1834, bulos y mentiras. La confusión moral es tan profunda que, en Madrid, se conserva la estatua de Largo Caballero (1869-1946), socialista y presidente del Consejo de Ministros entre septiembre de 1936 y mayo de 1937, pero a los religiosos de Barbastro les quieren quitar los nombres y la modesta cruz de Aguilar de la Frontera terminó en un vertedero.

La Ley de Memoria Democrática es otro clavo en el ataúd de la libertad en España y otro ladrillo en el muro de silencio sobre la persecución religiosa durante la II República y la Guerra Civil. Por eso, debemos defender la libertad y el recuerdo con mayor firmeza que nunca. Hay que reponer cada placa, cada cruz y cada memorial de la persecución religiosa que ahora se pretende enviar al olvido para decir, después, que nunca tuvo lugar.

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