Antes de viajar a Ucrania, durante su última comparecencia en el Congreso de los Diputados, Pedro Sánchez pidió al Partido Popular que volviera «al redil de cumplir con la Constitución». La exhortación del doctor transita por una línea argumental ya ampliamente explotada por los socios prioritarios de Bildu, ERC y Unidas Podemos, según la cual, los populares deberían regresar de las arriscadas posiciones en las que se habrían situado después de que un bolso ocupara el escaño de Mariano Rajoy, perdido en la noche madrileña mientras se disolvía su presidencia del Gobierno.
Desde su acceso al poder tras el éxito de una moción de censura, Sánchez y sus aliados, a los que ha pagado ampliamente sus apoyos, han ido situando gente afín en todas las instituciones, hallando en el Tribunal Constitucional el territorio más hostil para la colocación de los elementos necesarios para consolidar los diversos cacicazgos regionales en las diferentes regiones de España, algunas de ellas con ínfulas nacionales. Con el propósito de vencer las resistencias del Partido Popular ante el descarado intento de manejar las enlodadas togas a su antojo, los de Ferraz pusieron en marcha su enorme aparato mediático subvencionado, tratando de presentar al tibio partido del charrán como un colectivo de radicales, de gentes echadas a un monte alejado de los predios constitucionales. Y en ello se mantienen, sabedores de que, tal y como se ha demostrado en relación a la ley trans o respecto a la del aborto, el PP practica un pastueño seguidismo con respecto a las izquierdas políticas españolas en relación a todo aquello que tenga un mínimo sesgo ideológico.
Satisfecho por el éxito de una estrategia tan simple como trufada de superioridad moral, Sánchez, apoyado en proetarras y secesionistas de todo pelaje, no duda en emplearla cuantas veces sean necesarias para perdonar la vida a los de la calle Génova, que esperan pacientemente su turno para gobernar o, como ellos se ufanan en aclarar, para gestionar la economía sin alternar mínimamente el entramado legal construido durante décadas por el PSOE y sus compañeros de redil. Un corral en el que, más allá de la propaganda sanchista, siempre se ha mantenido el PP, fautor de algunas de las transformaciones más profundas de la España que nos ha traído a esta España de nuestros días. No ha de olvidarse que fue el PP, concretamente bajo la presidencia de ese Aznar que tan fiero pintan, quien más cedió ante otro distinguido miembro del aprisco configurado a partir de 1978: el partido liderado por Jordi Pujol, sobre cuya familia penden las acusaciones de organización criminal y blanqueo de capitales. En este contexto, tratar de presentar al Partido Popular como una organización radical no deja de ser una burda maniobra propagandística destinada a mantener prietas las filas socialdemócratas. Prueba de ello es el hecho de que en la misma semana en la que Sánchez lanzaba su envenenada invitación, los de Feijóo han sumado sus votos a los de los socialistas para aprobar el Cupo Vasco y el Concierto Navarro, instituciones tan constitucionales como garantes de la desigualdad entre españoles.
Con la legislatura ya en tiempo de descuento, el PP trata de buscar socios futuros dentro del redil constitucionalista, ese mismo que Sánchez rompió por dos veces al decretar sus estados de alarma, tratando de dejar fuera a un Vox que, siguiendo con el símil pastoril, jugaría el papel del lobo.
