Tal y como todo el mundo que quiera saber, sabía, Pedro Sánchez ha cedido ante el concierto económico catalán, intencionalmente suavizado bajo el adjetivo «solidario». A la invocación solidaria se une la del siempre socorrido federalismo, trampa oratoria para hacer pasarnos por el aro de una claudicación en toda regla, si bien, no está demás recordar que el PSOE, el malo y el mal llamado bueno, llevan en su fuero interno un proyecto federalista para España, que no es otra cosa que la destrucción de España.
Si mal no recuerdo, esta es la tercera cancelación del éxtasis supremacista y rapaz. A los indultos a los delincuentes enchironados, le siguió la ley de amnistía, antesala de la concesión de la financiación singular reivindicada por Illa, para quien Cataluña merece un trato diferenciado, es decir, privilegiado. A la tercera superación del así llamado conflicto, le sucederá, bajo refinadas fórmulas publicitarias y eufemísticas, un referéndum secesionista cuya sola celebración lleva implícita la soberanía de Cataluña. La opción de una consulta para deshacerse de un cuerpo no sólo muerto, sino parasitario, no se contempla, de momento.
Aunque el plan secesionista está trazado desde los franquistas años 60, las contradicciones sectarias afloran constantemente. Unidos en su narcisismo, trufado de complejos, los catalanistas se disputan la hegemonía de su soñada Arcadia. El resultado es una pugna soterrada, un enfrentamiento entre las distintas familias, pues los apellidos pesan, que aflora cada vez que alguna de las facciones está a punto de tocar pelo, momento en el cual, el PSC surge como herramienta para reimpulsar el plan.
En este contexto, en el de la posible proclamación de Illa, es en el que Puigdemont ha irrumpido, tratando de torpedear un acuerdo que da oxígeno tanto a Sánchez como a Junqueras. Según se ha sabido, gracias a su última epístola, el golpista protegido en el corazón de Europa asegura ahora, ignoro si dentro de un maletero o bajo palio, que volverá a España, a Cataluña, según sus coordenadas, exponiéndose a la benévola justicia española. La disyuntiva, netamente efectista, es, o bien ser detenido y dar con sus sediciosos huesos en un confortable calabozo o hacerse una suerte de Assange, y atrincherarse en el Parlamento de Cataluña, teatro de la hispanofobia, y acogerse a sagrado, es decir, protegerse de la justicia española en virtud de leyes españolas.
Desde la redacción de la Constitución de 1978, los colectivos, por decirlo suavemente, menos comprometidos con la nación española, han sido favorecidos a costa del resto de españoles. Resultado de todo ello es una realidad inaudita: el idioma español, marginado en muchas regiones; los proyectos secesionistas, financiados por el Estado gestionado por un bipartidismo cortoplacista y clientelar. En la vanguardia del proceso desnacionalizador, ya previsto, de manera deliberadamente ambigua, en la propia Carta Magna, el PSOE y su reverso, el Partido Popular Gestor, que ahora se rasga las vestiduras frente a la bajada de pantalones de Sánchez, pero que, en ningún momento, ha anunciado que, en el poco probable momento de heredar el poder de Ferraz, derogaría el concierto. Un silencio nada reprochable, pues, por decirlo en fórmula cervantina —«¡Oh memoria!, enemiga mortal de mi descanso»—, no hace tanto tiempo que Alicia Sánchez Camacho y Jorge Fernández Díaz propusieron a Rajoy un pacto fiscal para Cataluña ajustado a principios de ordinalidad, con limitación de la solidaridad.
