El aguijonazo de Joaqín Leguina contra Susana Díaz: “No podemos seguir con líderes que no trabajaron nunca” revive un debate de gran interés para la salud de nuestra democracia, el de hallar la fórmula idónea para que la probabilidad de que los votantes elijan a representantes capaces, intelectualmente bien equipados y de probada honradez, sea netamente superior a la de que las urnas eleven a la púrpura municipal, autonómica o nacional a iletrados incompetentes y desaprensivos. La envenenada alusión del ex-Presidente de la Comunidad de Madrid, hombre culto, profesionalmente acreditado y de extensa obra publicada, a la que se perfila en todas las quinielas como la próxima Secretaria General del PSOE, podría aplicarse, por desgracia, a una buena parte de nuestra clase política. Si se examinan los curricula de alcaldes, consejeros, diputados y jerarcas varios, los verdaderos naturalmente, porque tampoco escasean las biografías inventadas, las conclusiones son desoladoras. El número de los que nunca o solamente en tramos muy cortos de su vida han tributado a la Seguridad Social en alguna actividad empresarial, profesional, académica o funcionarial distinta de la puramente política es sin duda demasiado abultado y no resulta tranquilizador.
Tomemos, por ejemplo, para empezar por los casos más relevantes, a los cuatro cabezas de filas de los cuatro principales Grupos Parlamentarios en el Congreso. Ninguno de ellos, incluyendo a Pedro Sánchez dado que todavía no tiene sucesor(a), ha ejercido durante un tiempo que se pueda considerar significativo labores de tipo productivo en contacto directo con el mundo real. Los cuatro, sin excepción, tras un paso fugaz por otros menesteres, han entrado de lleno en la política, sus abundantes miserias y sus magras grandezas. Y, sobre todo, nadie en este actual cuarteto de la fama ha desempeñado apenas responsabilidades en el sector privado, ese vasto y proceloso océano asediado por los impuestos, las regulaciones y los vaivenes de los mercados en el que únicamente se mantienen a flote los que más se esfuerzan, los más creativos, los más preparados, los más innovadores y los más audaces, sometidos permanentemente a una competencia feroz. Las angustias de pagar todos los meses las nóminas y las cotizaciones sociales, de buscar financiación, de conseguir nuevos clientes a la vez que se mantiene satisfechos a los ya existentes, o, si se trabaja como asalariado, de demostrar eficiencia, de alcanzar los objetivos, de estudiar en profundidad los asuntos, de formarse sin tregua, les son desconocidas. Su universo es el de la intriga, el engaño, la comunicación entendida como falseamiento de la verdad, el incumplimiento de las promesas al electorado, la destrucción del adversario y la movilización de las pasiones más oscuras de la gente para obtener su adhesión acrítica.
Si vamos bajando en la escala jerárquica nos encontraremos con alarmante frecuencia con este perfil, el de un joven que entra tempranamente en la rueda de los tejemanejes de partido para después escalar puestos públicos en el ayuntamiento, en la asamblea autonómica, en el Parlamento nacional, en los gobiernos regionales o en el Ejecutivo nacional, o en la miríada de entidades de todo pelaje que constituye la llamada Administración paralela, campo inagotable de nepotismo, amiguismo, enchufismo y despilfarro. Lo grave es que estas características típicas de nuestros políticos -hemos tenido ministros y ministras que si hubieran tenido que encontrar empleo fuera de la política no hubieran rebasado el nivel conocido como “baja cualificación”- tienen efectos deletéreos sobre el resto de los españoles. De entrada, la gestión de las instituciones se confía a manos inexpertas o ignorantes, con lo que eso conlleva respecto a las decisiones y medidas que se toman para resolver problemas que afectan sustancialmente a la calidad de los servicios y, además, personas de tan ligero bagaje son particularmente vulnerables ante las tentaciones de la corrupción. Conscientes de que en ámbitos ajenos a la política las oportunidades que les brindan sus conocimientos o su experiencia son muy limitadas, se lanzan a una carrera frenética de enriquecimiento rápido, aunque sea ilícito, por temor a la intemperie que les espera si caen en desgracia o si un rival más hábil o mejor adulador del líder les reemplaza sin misericordia.
Cuando yo ocupé por primera vez un escaño en el Parlamento de Cataluña en 1988, tenía a mis espaldas veinte años de docencia e investigación en la Universidad, había creado, organizado y dotado mi propio laboratorio, había dirigido cinco tesis doctorales, acababa de ganar una cátedra y contaba con sesenta publicaciones científicas, casi todas en revistas internacionales. Había demostrado que podía impulsar un proyecto gracias al cual hospitales, universidades o empresas industriales en España y en otros países pudieron contar con expertos en Radiactividad Ambiental y en Radioprotección competentes y fiables. Ahora, que ya estoy jubilado, miro atrás y me siento legítimamente satisfecho de aquellas dos décadas dedicadas a tareas que fueron útiles a la sociedad. Sobre mis logros en mi ulterior y también larga etapa política no soy por supuesto el más indicado para valorarlos, pero al menos tengo la satisfacción de haber sido invariablemente coherente y no haber traicionado nunca mis convicciones.
Joaquín Leguina, que es como yo veterano y como tal un poco sabio, acierta plenamente al señalar la conveniencia de que elijamos para cargos públicos si es posible a los mejores o, como mínimo, que no encumbremos a los que no lo merecen. Es obvio en este contexto que una trayectoria previa lo bastante larga que demuestre que el aspirante a manejar los recursos de todos y a tomar en sus manos las palancas del Estado ha sido capaz de hacer algo que valga la pena al servicio de los demás, aporta una garantía no desdeñable para este propósito. En cualquier caso, la última palabra en este tema la pronuncian los ciudadanos con su sufragio, no en vano se ha dicho que la democracia no es el sistema político óptimo, sino modestamente el menos malo.
