«¡A la ciudad, todos a la ciudad!», gritaba el jefe de la Guardia Civil a los invasores que se acumulaban en la frontera, mientras abroncaba a los policías que intentaban contener la marea. Es difícil imaginar una representación más elocuente de la palabra «traición». Los trazos son tan gruesos que parece una caricatura. Y sin embargo, esto es exactamente lo que pasó el día de la invasión de Ceuta: la violación masiva de la frontera española fue posible porque un Gobierno traidor lo consintió y porque un número sustancial de funcionarios del Estado obedeció. Exactamente igual que decenas de diplomáticos han obedecido las órdenes de Exteriores para nacionalizar a cientos de miles de extranjeros aun a sabiendas de que estaban incurriendo en un fraude de ley.
En estos años hemos visto cosas asombrosas. Jefes de la guardia civil que confiesan obedecer solo al tipo que les ha nombrado, fiscales dispuestos a hacer cuantas trampas sean necesarias para proteger a su jefe político, responsables de la Hacienda pública violando la ley para servir a su tribu, diplomáticos convertidos en lacayos del Partido, magistrados del Constitucional que orinan sobre la igualdad ante la ley, jueces que reconstruyen una instrucción con más de doscientos muertos sobre la mesa para favorecer al Gobierno, peritos oficiales que alteran los informes de un desastre ferroviario… Podríamos multiplicar los ejemplos (véanse los medios de comunicación públicos, sin ir más lejos). La síntesis es esta: en los últimos ocho años, centenares de servidores del Estado han aceptado, por las razones que sea, dejar de servir al Estado para servir al partido del Gobierno, incluso cuando esto suponía actuar objetivamente contra el interés público. Se ha construido una suerte de Estado Paralelo que funciona al margen del interés general y contra él. El resultado es un Estado hecho jirones, ineficaz, corrompido, putrefacto. Un Estado que necesita un saneamiento total, sin contemplaciones.
Es posible que algún día logremos liberarnos del yugo de Sánchez. Si ese día llega, los que guarden en su mano las palancas del Estado van a tener que emplearse a fondo. La palabra «depuración» no se queda corta. De hecho, la depuración va a ser completamente imprescindible si ese nuevo Gobierno aspira a tener las manos libres para reformar el Estado sin encontrarse con un campo de minas a cada paso. ¿Traerá esto un conflicto social? No dramaticemos. España ya ha conocido depuraciones de ese tipo. Las hizo la izquierda. Por ejemplo, cuando en los primeros años ochenta se depuró sin el menor reparo la judicatura, el generalato y las cátedras universitarias para que todas esas instituciones «se acompasaran» mejor a los nuevos tiempos. Fue una operación de «circulación de elites» paretiana en sentido estricto: los hambrientos zorros se comieron a los acomodados leones. Era conveniente para culminar la transición, nos dijeron. Quizá fuera verdad. Pero con más razón será preciso hacer hoy lo mismo. Porque aquellos venerables santones de los primeros ochenta, al fin y al cabo, no conspiraban contra la nación, pero los mandarines del sanchazgo se han convertido en un claro riesgo para la propia supervivencia de España, y basta volver al ejemplo de Ceuta.
Si España puede reiniciarse, tendrá que ser necesariamente apartando de las responsabilidades públicas a esa casta de demagogos que está destruyendo el Estado, vendiendo la nación a trozos, envuelta en una insoportable atmósfera de corrupción, de rendición y de demagogia. Depuración. Y que todo vuelva a comenzar.
