'Ser es defenderse'
RAMIRO DE MAEZTU
Este artículo se publicó en La Gaceta antes de convertirse en La Gaceta de la Iberosfera, no siendo entonces propiedad de Fundación Disenso.
Socio-Director de Eurogroup Human Resources.Orgulloso de colaborar con Intereconomía desde abril de 2012."""

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Socio-Director de Eurogroup Human Resources.Orgulloso de colaborar con Intereconomía desde abril de 2012."""

¿A cuántos empleados públicos ‘enchufados’ acoge la Junta de Andalucía?

14 de abril de 2016

Tanto la casta política como la sindical, al objeto de no ser identificados  como los principales culpables de la institucionalización de la corrupción en nuestra Administración, han intentado confundir de forma técnico lingüística, mediática y marketinianamente a la sociedad española.

A tal efecto, una de las estrategias que han utilizado los partidos y los sindicatos ha consistido en difuminar las características propias e identificativas de cada uno de los diferentes colectivos laborales que componen la estructura organizativa de la Administración.

Debido a ello, los funcionarios de carrera han sido progresiva e injustamente desprestigiados. Tanto en cuanto, los funcionarios, que en virtud de una oposición legalmente ganada, en muchos casos a través de intensísimos años de estudio, desarrollan una imprescindible labor de  asesoramiento procedimental, control, etc., en nuestra Administración.

Paralelamente y perjudicando a todos los niveles a los funcionarios, cientos de miles de empleados públicos han sido irregularmente contratados al amparo de un modelo político clientelar, que los ha ocultado tras unos camaleónicos perfiles laborales y entremezclado ambiguamente entre los verdaderos funcionarios.

Máxime, considerando que la mayoría de estos empleados públicos son prescindibles. De hecho, las carreras profesionales de los mismos están asociadas a la denominada “Administración paralela”, lo que significa que han sido enchufados por los partidos políticos y los sindicatos. Aunque muchos de ellos hayan sido “funcionarizados” mediante convocatorias de “oposiciones a medida” y, por tanto, ilegales.   

Corrupción con efectos a largo plazo en forma de deuda y déficit

Tanto es así, que nuestra Administración funcionaría de modo más eficiente si su plantilla contara aproximadamente con un millón de funcionarios, tal como sucedía hace varias décadas.

Recordemos que actualmente las administraciones públicas españolas pagan mensualmente alrededor de tres millones de nóminas, correspondientes tanto a los funcionarios como a los empleados públicos enchufados.

En base a lo anterior, podríamos calificar al “enchufismo en la Administración” como la “madre de todas las corrupciones” en España,  porque se trata de un tipo de corrupción con efectos a largo plazo, ya que el gasto de la Administración destinado al pago de los sueldos de estos enchufados representa un permanente hándicap económico en forma de déficit y deuda.

La Junta de Andalucía paga a empleados que no trabajan

En este sentido, el portavoz de la Junta de Andalucía, Administración líder en España en “colocaciones a dedo” y desgobernada por el PSOE con el apoyo cómplice de Ciudadanos, ha reconocido que actualmente dicha institución mantiene a 1.800 empleados en nómina pero sin asignación laboral, es decir, que no tienen trabajo que desarrollar, puesto que  provienen del entramado empresarial público andaluz.  

No olvidemos al respecto que en 2011, la Ley de Reordenación del Sector Público Andaluz, conocida popularmente como la “Ley del Enchufismo”, permitió la incorporación a la Junta de Andalucía de más de 20.000 empleados (entre los que se encontraban multitud de familiares y allegados a altos cargos de la Junta) provenientes de empresas públicas y fundaciones andaluzas.

Pero no existe ninguna intención de corregir este corrupto desfase laboral, porque la Junta ha desoído el fallo que en 2015 emitió el TC declarando inconstitucionales varios preceptos incluidos en el decreto ley en el que se basó la redacción de la Ley del Enchufismo, teniendo en cuenta que el contenido de los mismos sigue vigente a través de la citada ley.

El enchufismo laboral público masivo comenzó con las CC.AA.  

Desgraciadamente, el caso de la Junta de Andalucía es extrapolable, en mayor o menor medida, a casi todas las Comunidades Autónomas españolas.  

En consecuencia, si tenemos en cuenta que este despilfarro improductivo, deficitario y potenciador de la deuda se mantiene, con permiso del BCE, sobre todo a través de los impuestos de los españoles que no están enchufados en la Administración, es ético que muchos ciudadanos productivos se lleven su dinero a paraísos fiscales huyendo de las garras impositivas de un Estado partitocrático, corrupto y dilapidador.

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